INFANCIA-JUVENTUD
La nueva reforma de la Ley del Menor entrará en vigor en febrero
Por María Reyes
2 min
Sociedad27-01-2007
Se abre de nuevo el debate sobre la Ley de Responsabilidad del Menor. ¿Es un niño de diecisiete años menos consciente que uno de mayor de edad? ¿Si son maduros para cometer delitos graves, lo son para cargar con las consecuencias de los mismos? ¿Debe basarse la ley en criterios educativos o en la aplicación de los principios de proporcionalidad con el hecho cometido?
Los datos revelan un aumento de delitos especialmente graves, como homicidios o agresiones sexuales, cometidos por menores, y esto está causando una gran preocupación social. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló los motivos de la nueva reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que entrará en vigor en febrero, y aseguró que es necesario y "positivo" dibujar una "clara línea divisoria" entre la mayoría y la minoría de edad. Señaló también que otro de los objetivos es "hacer frente" a los nuevos fenómenos de delincuencia juvenil que están surgiendo y que "exigen nuevas respuestas". Con esta decisión se vuelve al texto original que el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados cambiando así lo aprobado en la Cámara Baja, donde se incluyó a los jóvenes de 18 a 21 en el ámbito de esta ley volviendo a poner el límite en la mayoría de edad. La reforma ha intentado conciliar la orientación educativa de las medidas para lo que ha introducido la realización, por parte de los internos, de actividades fuera del centro, siempre dependiendo de la evolución de la persona y de los objetivos rehabilitadotes previstos. Por el contrario, si la conducta del menor no se ajusta a lo propuesto por la sentencia, el juez de menores, tras escuchar al Ministerio Fiscal y al letrado del menor, podrá ordenar su traslado a un centro penitenciario común. De la misma manera, si el menor alcanza los 21 años, y a pesar de que la regla general es que pase a un centro penitenciario, el juez de menores puede adoptar otra solución si así lo cree conveniente. Las penas también se han visto aumentadas. Para los menores de 14 y 15, ascienden a un máximo de internamiento de seis años, mientras que para los de 16 y 17 años se permiten hasta diez, ambos seguidos de un período de libertad vigilada. Otro punto reformado, en el que todos los parlamentarios han estado de acuerdo, ha sido el aumento de financiación destinada a estas medidas ya que consideran que se precisan "mayores medios" para aplicar la nueva ley. Además de estos cambios, se han establecido otros muchos buscando principalmente el refuerzo de la protección de la víctima, mediante medidas de alejamiento incluso del propio centro escolar de la misma, una norma que entró en vigor en el mes de diciembre; y una solución que frene la integración de delincuentes en bandas y el acoso escolar. La reforma fue aprobada en el Pleno con 185 votos a favor y 136 en contra entre los que se encontraba el voto del Partido Popular, el cual justificó su decisión alegando que la nueva normativa "no ataja la alarma que crea hoy el incremento de la delincuencia juvenil". EL Partido Socialista, sin embargo, defiende la reforma y el objetivo con el que ha sido llevado a cabo, ya que según asegura su diputada Rosa Polonio, trata de "conseguir reforzar los derechos de los ciudadanos, fortalecer el sistema judicial y aumentar la seguridad".