ETA
El Gobierno busca resquicios en la Ley de Partidos para la legalización
Por Alejandro Requeijo
2 min
España15-10-2006
El Gobierno socialista busca distintas fórmulas para salvar el principal escollo en su proceso de negociación con ETA; la legalización de Batasuna. Fue la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, quien explicó las intenciones del Gobierno que, según dijo, se ampararía en la “jurisprudencia del Tribunal Constitucional” a la hora de permitir que la izquierda abertzale pudiese retornar a las instituciones sin necesidad de responder “por las consecuencias de una ilegalización anterior”.
Los argumentos de De la Vega, expuestos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, matizaron las palabras del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que aseguró que Batasuna tan sólo tendría que presentar unos nuevos estatutos para ser legal. En ese sentido, la vicepresidenta se escuda en una resolución del Tribunal Constitucional del 12 de marzo de 2003 tras un recurso del Gobierno vasco contra determinados artículos de la Ley de Partidos Políticos. La resolución establece la prohibición de llevar a cabo una ilegalización “preventiva”, es decir, que Batasuna no podría ser perseguida por sus “programas o ideologías”, sino por sus “actividades” en las que infrinjan la ley, pero siempre de cara al futuro. Se basan en la libertad de cada individuo para fundar un partido político. Además en esa formación también podrían militar, o incluso desempeñar cargos de responsabilidad, personas con antecedentes penales por causas de terrorismo. Según dice el Constitucional, sus miembros no estarían obligados a condenar la violencia etarra debido que ya habrían cumplido sus deudas con la Justicia y “obtenido su rehabilitación”. Contradicciones a las intenciones del Ejecutivo Pese a estos matices, De la Vega aseguró previamente que “fuera de la Ley de Partidos no hay ninguna posibilidad para Batasuna”. No obstante, esta ley recoge en su articulado diversos puntos que contradicen la interpretación hecha por el Gobierno de la resolución del Constitucional y por los cuales se establece que Batasuna tendría que hacer mucho más que presentar una renovación de estatutos. Ya en su Exposición de Motivos, la Ley Orgánica de Partidos Políticos con fecha del 27 de Junio de 2002, fija el objetivo de impedir que “un partido político pueda, de forma reiterada y grave justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas”. También quien defienda sus “ideas y programas”. Del mismo modo, en su Capítulo I, explica que una formación tampoco “podrá coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonéticamente, con la de ningún otro partido previamente inscrito o declarado ilegal”. La ley incluso en el Artículo 9 hace referencia a la prohibición de concurrir a unas elecciones a personas “condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas”.
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Alejandro Requeijo
Licenciado en Periodismo
Escribo en LaSemana.es desde 2003
Redactor de El Español
Especialista en Seguridad y Terrorismo
He trabajado en Europa Press, EFE y Somos Radio