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REFORMA ESTATUTO

CiU Y PP se muestran dispuestos a negociar y Zapatero mantiene su palabra

Por Diana R. ValTiempo de lectura2 min
España16-07-2005

Dos reuniones han marcado la actualidad política en torno a la reforma del Estatuto de Cataluña. El encuentro entre el presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla -considerado uno de los principales detractores de la reforma-, y la mantenida por el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, (ERC) José Luis Carod Rovira, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los primeros repasaron los posibles puntos de conflicto del borrador aprobado. Maragall ha reconocido que pretende reducir de siete a dos las propuestas de reformas de leyes orgánicas y de doce a dos los traspasos a la Generalitat de la gestión de competencias de titularidad estatal. En la reunión mantenida entre Carod Rovira y el presidente, Rodríguez Zapatero, la quinta celebrada en la Moncloa, el representante de ERC se comprometió a cumplir los requisitos de constitucionalidad y consenso siempre que el Gobierno central respete lo acordado en el Parlamento catalán. Además también están de acuerdo en que en este caso lo importante es llegar a un pacto aunque haya que ampliar los plazos. Por su parte, Zapatero mantiene lo que dijo hace meses y reincide en que el Ejecutivo no pondrá trabas a lo que se apruebe en la Cámara autonómica. Mientras, en Cataluña, el tripartito ha recordado a Convergencia i Unió (CiU) que el plazo para lograr unidad termina el 29 de julio. Sin embargo, los nacionalistas, lo ven como un ultimátum y consideran improbable llegar a un acuerdo sobre la financiación de la Generalitat antes de las vacaciones. Mientras el PP, analiza la posibilidad de sumar su partido al consenso en lo referente al estatuto si el Partido Socialista de Cataluña (PSC) mantiene el esfuerzo para que el texto sea constitucional. Sin ninguna duda el punto más conflictivo, que todavía dará mucho que hablar, es el referente a la financiación. El tripartito apuesta por una Agencia Tributaria propia en coordinación con la estatal que gestione, recaude y liquide todos los impuestos. Del dinero recaudado de los impuestos compartidos, cedería al Estado una cuota de hasta el 50 por ciento. CiU, sin embargo, defiende un acuerdo económico bilateral y está de acuerdo con tener una Agencia Tributaria propia y capacidad normativa. Pero plantea la creación de dos cuotas: una de contribución, para abonar al Estado y otra de solidaridad interterritorial, siempre que la renta per cápita sea superior a la estatal. La aprobación del Estatuto catalán está suponiendo nuevas divisiones dentro del PSOE. A las críticas de Alfonso Guerra, hay que añadir las del ministro de Defensa, José Bono, el presidente autonómico de Extremadura, Rodríguez Ibarra y las últimas de José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que declaró que le “encantaría que fuese rechazado por el Parlament”.

Fotografía de Diana R. Val