INTERNET
La libertad de expresión y el derecho de información, sin definición en Internet
Por Elena Villegas
1 min
Comunicación08-10-2001
El objetivo del Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), que será aprobado, como mucho tardar, en diciembre, es constituir un marco jurídico estable que regule la actividad internauta en España y que acabe con las lagunas legales de este ámbito.
Así, pretende ofrecer confianza y seguridad jurídica tanto a usuarios como a prestadores de servicios. Estos últimos, por ejemplo, no serán perjudicados por los contenidos elaborados por otras personas y publicados en sus páginas y tendrán, además, una serie de obligaciones –como informar a los usuarios sobre su empresa y productos- y prohibiciones –como el envío de dicha información vía e-mail si no ha sido solicitada-. La LSSI permitirá equiparar, desde el punto de vista legal, los contratos electrónicos a los convencionales. Con el Proyecto de LSSI, las autoridades administrativas no tendrán potestad para cerrar webs informativas ni periódicos digitales, que pasará a disposición del poder judicial. La Administración únicamente tendrá la facultad de cerrar aquellos sitios no informativos dedicados a actividades ilegales. Frente a quien, como la revista sobre seguridad informativa Kriptópolis -que asegura que la Ley supondrá el cierre de su web-, considera que ésta atenta contra los derechos fundamentales, la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, afirma que el anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico “ha sido especialmente cuidadoso con el derecho de información y la libertad de expresión”. Según una encuesta realizada por abc.es, el 60,78 por ciento de los encuestados la consideran “un atentado a la libertad de expresión” y un 23,12 por ciento, “una maniobra para hacerse con el control de la Red”. La LSSI podría verse, sin embargo, afectada por el actual estado de psicosis colectivo tras los atentados del 11 de septiembre, una de cuyas consecuencias será una batalla tecnológica en la cual es probable que se vean vulnerados ciertos derechos constitucionales; por ejemplo, el FBI podría contar con un software específico para acceder a cualquier tipo de encriptación.