PLAN IBARRETXE
El TC abre un plazo de diez días para alegaciones al ‘Plan Ibarretxe’
Por Alberto Pequeño Salgueiro
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España05-12-2003
En sólo diez días, el Gobierno Central, Gobierno Vasco y la Mesa del Parlamento Vasco tendrán que presentar sus alegaciones para la admisión o inadmisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno contra el Plan Ibarretxe. El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, mostró su conformidad y afirmó que "sean cuales sean las decisiones del Tribunal
El lehendakari toma un respiro. El Tribunal Constitucional, sumido en la división de sus ocho miembros por la admisión o inadmisión del Plan Ibarretxe, ha dado un margen de diez días al Gobierno Vasco, Parlamento Vasco y al Gobierno Central para que presenten alegaciones en relación al plan secesionista de Ibarretxe. El ministro de Justicia, José María Michavila, se mostró satisfecho porque el Tribunal Constitucional "dé diez días a Ibarretxe y Atutxa para explicar por qué lo que podían haber hecho bien lo han hecho mal y por qué lo que podían haber hecho con respeto a la Constitución y al Estatuto lo han hecho contra la Constitución y el Estatuto". Respalda completamente la posición del Gobierno en el asunto puesto que "está defendiendo una causa justa" y porque "es evidente que el Plan Ibarretxe es una mutilación unilateral de las reglas de la democracia". Fuentes del Constitucional afirmaron que aunque sus ocho miembros no están de acuerdo sobre cuál es el mejor momento para recurrir el Plan Ibarretxe, son unánimes a la hora de tacharlo de inconstitucional. El plazo de diez días finalizará el próximo 18 de diciembre, por lo que la resolución final se alargará hasta enero de 2004. Paralelamente a las acciones llevadas a cabo por el TC, el Gobierno del Partido Popular ha sacado adelante la reforma del Código Penal en la que se tipifica la convocatoria de un referéndum ilegal como un delito. La reforma ha sido aprobado con la mayoría del PP mientras que los correspondientes portavoces de PSOE, CiU, IU, PNV, Entesa Catalana de Progrés y CC coincidieron en criticar el contenido de la norma subrayando que es “innecesaria” y que supone “judicializar” una cuestión política.