PENA DE MUERTE

En EE.UU. la justicia tiene un precio financiero o racial

Por Oscar Casanova2 min

Sociedad07-06-2001

La línea que separa la muerte de la libertad en Estados Unidos se llama, en numerosos casos, dinero; en otros, raza, y en muchos, incompetencia. Joaquín José Martínez es hoy testigo de esa realidad como víctima y como beneficiado.

Cada vez hay más señales de que la sociedad norteamericana se está replanteando la pena de muerte, no sólo por cuestiones de moralidad, sino sobre todo de eficacia, que es al fin y al cabo la gran obsesión nacional. Los grupos en contra están ganando adeptos con el argumento de que es un castigo costoso, no detiene el crimen y conlleva el riesgo de ejecutar a inocentes. Esta semana, por ejemplo, Texas ha aprobado una ley para facilitar pruebas de ADN a los condenados e incluso puede convertirse en el Estado número 14 en prohibir las ejecuciones de retrasados mentales, algo que hace poco a decidido Florida, otro Estado con un nutrido historial de penas de muerte. Según un informe del Centro Nacional sobre la Pena de Muerte, tras revisar todos los procesos, concluye que en un 4,5 por ciento de los casos los tribunales estadounidenses condenan a muerte a inocentes. Ése fue el destino, entre otros, de Roger Keith Coleman y Leonel Herrera, ejecutados en 1992 y 1993 en Virginia y Texas, respectivamente. Ahora figuran en las estadísticas penales como "posibles ejecuciones erróneas". Otro factor que está agitando la conciencia colectiva es la desproporción de condenados de raza negra y otras minorías menos favorecidas económicamente, especialmente hispanos. También esta semana un grupo de organizaciones religiosas y de derechos civiles le han pedido al presidente George W. Bush que detenga las ejecuciones en las prisiones federales hasta que se explique por qué un 74 por ciento de los condenados en todo el país pertenece a minorías. Aunque Bush no se ha pronunciado, su Administración negó ayer que existiera tal desproporción. Sin embargo, nadie olvida que W. Bush, es un claro partidario de la pena de muerte. Durante su mandato como gobernador de Texas se ejecutó a 154 personas en ese Estado -seis de ellas retrasados mentales-, el mayor récord de la historia de EE.UU. En cambio, el gobernador de Illinois, George Ryan, suspendió el año pasado las ejecuciones hasta verificar que fueron juzgados con garantías procesales.