ENERGÍA
El Gobierno cerrará la plataforma Castor para evitar riesgos
Por Luis Artola
3 min
Economía03-05-2017
El informe elaborado por expertos interdisciplinarios del Massachusetts Institute of Technology sobre la instalación de gas Castor ha revelado la decisión del ministerio de Energía de no volver a abrir la plataforma ante la posibilidad de producirse nuevos seísmos. La estabilidad actual, sin embargo, no es suficiente para saber si el desmantelamiento produciría un elevado riesgo. Por ello, el Gobierno ha apuntado la posibilidad de encargar nuevos informes para tomar una decisión prudente.
La plataforma de gas Castor representa un peligro, según han concluido los expertos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en el informe técnico definitivo que han presentado a los medios representantes de este instituto así como del ministerio de Energía y de Enagás. Por ello, han destacado la recomendación del cierre de dicha instalación.
La plataforma de almacenaje de gas está construida frente a las costas de Castellón y Tarragona. Pero ésta dejó de funcionar desde septiembre de 2013 ya que la zona circundante había sido dañada tras la detección de numerosos seísmos, hasta medio millar en un año. La constructora ACS, propietaria inicial, renunció a la concesión tras el pago en 2014 de una indemnización de más de 1,350 millones de euros. El Gobierno encargó entonces la gestión del almacenamiento a Enagás Transporte, mantenimiento que terminó con el cierre temporal del proyecto desde marzo del pasado año.
Después de los registros sísmicos se encargaron por parte del Ministerio de Energía diversos estudios que garantizaran la resolución adecuada al problema. La falla de Amposta, terreno geológico que sella el almacén subterráneo sufrió su desestabilización en 2013 a consecuencia del primer llenado de combustible en su más reciente planta instalada.
Es una de las conclusiones de este último documento de los especialistas del MIT. Las previas partían de informes elaborados por, entre otros, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Geofísico de Andalucía, el CSIC y la Universidad de Postdam. Ante esta situación la decisión del Gobierno es que no volverá a abrir el almacén de gas submarino Proyecto Castor basada en la ausencia de firmeza de la carencia de riesgos. El reinicio del funcionamiento de la plataforma podría volver a provocar una oleada de terremotos.
El documento elaborado por los técnicos considera la ausencia de responsabilidad de Escal UGS, que controla en un 66,5% ACS, ya que no existía posibilidad de conocer la existencia de seísmos en relación con el funcionamiento del depósito. Estos informes han sido enviados a los juzgados que trabajan en el caso Castor con el fin de aclarar responsabilidades.
En la actualidad los expertos declaran que la situación en la zona es estable pero éstos indican que extraer el gas de la instalación podría significar un elevado riesgo, como ha apuntado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. La estabilidad, ha continuado, permitirá encargar nuevos informes que conjuguen los métodos geológicos y de ingeniería y que concluyan cuál es el mejor desenlace para la plataforma Castor que, según Nadal, "está claro que no puede volver a funcionar".
Por el momento, tanto la inyección de gas como el desmantelamiento del proyecto supondría un riesgo para la zona. De ahí, la necesidad de hacerlo "con prudencia y seguridad" ha concluido el ministro Nadal. El último informe ha valorado el cometido de los técnicos del Ejecutivo pero los expertos creen que un proyecto de tales características precisa una tecnología aún más avanzada para desarrollar sus actividades.
Por otra parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha subrayado las palabras del ministro y ha explicado que aún es pronto para tomar una decisión sobre cómo se gestionará el futuro de la plataforma Castor.
Actualmente el almacén supone un gasto de 95 millones de euros al año en la factura de gas, tanto por el pago de la indemnización como el coste de hibernación. Esto se traduce en un incremento de un 3,1% de dicha factura durante 30 años.