CUENTAS PÚBLICAS

Los presupuestos para el 2003 resultan poco creíbles para la oposición

Por Asun Losada2 min

Economía19-10-2002

Tanto los grupos parlamentarios del PSOE, Izquierda Unida y PNV como los seis partidos del Grupo Mixto están decepcionados con las previsiones del Gobierno para los presupuestos del 2003. Para solucionarlo, han presentado dos enmiendas de totalidad al proyecto de Ley del PEG (Presupuestos Generales del Estado) en las que exigen que se devuelva el proyecto al Gobierno para que lo mejore.

Las principales conclusiones a las que han llegado los partidos pasan por las críticas a la falta de respuesta ante la desaceleración económica y la mala adaptación de los presupuestos a la verdadera situación económica. El responsable de acción sindical de UGT (Unión General de Trabajadores), Antonio Ferrer, asegura que las previsiones "no abordan el control de la inflación" y apunta que este desajuste "tendrá un efecto negativo sobre las rentas más débiles". Y es que el Gobierno prevé unos presupuestos para el 2003 bastante optimistas. Ferrer mostró la preocupación de las familias españolas que, revela, "están atravesando un momento de angustia debido al aumento de los precios". Añadió que los presupuestos están hechos "como si no hubiera desaceleración económica ni pérdidas de puestos de trabajo". El PSOE insiste en que las estimaciones del Gobierno carecen de credibilidad, a lo que se suma que ninguna de las medidas llevadas a cabo han hecho posible el crecimiento económico, la mejora de la inflación o la reducción del desempleo. Así lo declaraba en el Congreso el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera: "La realidad va por un lado y el presupuesto por otro, convertido en un instrumento de propaganda”. Con esta dura acusación, Caldera pone de manifiesto la política económica del Gobierno: "Mantener el déficit cero es un mero ejercicio contable, sobre todo cuando se admite un déficit del 0,74 por ciento y se oculta otro tanto en un ejemplo de opacidad y falta de transparencia". En contraposición, el Gobierno asegura que el esfuerzo inversor aumentará un trece por ciento el año próximo, mientras que los gastos de educación y sanidad se transferirán a las Comunidades Autónomas. Dos posturas enfrentadas que llegarán a su máximo esplendor en el debate de Presupuestos previsto para esta semana.