Cataluña

La Junta de Fiscales apoya la querella contra Mas

Por David Sánchez Torrico3 min

España19-11-2014

La cúpula fiscal ha respaldado la decisión de Eduardo Torres-Dulce de interponer una querella contra el presidente de la Generalitat por no obedecer la suspensión de la consulta del 9-N. La propuesta del fiscal general ha contado con el apoyo casi unánime de la Junta de Fiscales de Sala, que, al contrario que los nueve fiscales del Tribunal Supremo de Justicia catalán, sí ven señales de delito en la actuación de Artur Mas.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, había tomado de antemano la decisión de acusar a Artur Mas por no respetar la resolución del Tribunal Constitucional, que suspendió la celebración del proceso de participación. Pese a ello, Torres-Dulce se ha visto obligado a solicitar la opinión de la junta de fiscales, a la que la Fiscalía Superior de Cataluña había recurrido tras considerar que la recriminación no tenía suficiente base jurídica. Los delitos que se cometieron con la celebración del 9-N son, según Torres-Dulce, desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación. No se piensa en Artur Mas como el único responsable, y es que el fiscal general del Estado también considera culpables a la vicepresidenta del Gobierno de Cataluña, Joana Ortega y a la consejera de Educación, Irene Rigau. Presidida por Eduardo Torres-Dulce, la Junta de Fiscales de Sala ha comenzado poco después de las diez de la mañana de este miércoles, y ha llegado a su conclusión cuatro horas más tarde aproximadamente, con el debate sobre la presentación de la querella contra Mas como principal tema de discusión. A esta cita han asistido un total de 25 fiscales, pero han destacado entre los ausentes Juan Ignacio Campos, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y el fiscal militar que, tras la jubilación de su antecesor, aún no ha tomado posesión. La decisión que adopte la Junta de Fiscales de Sala, que integran el teniente fiscal del Tribunal Supremo (el recientemente designado Luis Navajas) y los fiscales de Sala además del propio Torres-Dulce, no es vinculante en cualquier caso. La decisión final dependerá de Torres-Dulce, que con esta reunión pretendía obtener el apoyo de la cúpula del Ministerio Público. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, ha afirmado sobre este tema que “el Gobierno ha cumplido con su función y los fiscales son los que tienen que tomar las decisiones que tienen atribuidas con la legislación vigente. Yo lo único que puedo hacer y lo que voy a hacer es respetar las decisiones que adopte la Fiscalía. Creo que ésa es la obligación del Gobierno y es lo que hace un país en el que cada uno ejerce las funciones que tiene que llevar a cabo". Además de la propuesta del fiscal general del Estado, la Junta de Fiscales de Sala ha analizado también el acta de la reunión de los fiscales superiores catalanes, que fue remitida a la Fiscalía General del Estado para justificar su negación a interponer la querella. Para ellos, el hecho de que el Tribunal Constitucional no dirigiese a la Generalitat una advertencia en la providencia por la que suspendió la consulta alternativa, parece responder a una decisión meditada de este órgano y dificulta que pueda hablarse de un delito de desobediencia. Los fiscales superiores catalanes consideran que “la ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos y tampoco se dirige a un destinatario concreto”. Sin embargo, aseguran que “son conscientes de que el Gobierno de la Generalitat recurrió al empleo de argucias jurídicas sin precedentes y con absoluta falta de lealtad al acuerdo constitucional”.