CATALUÑA

La ley de consultas aprobada por Mas ampara un referéndum ilegal

Por Jesús Espinosa 4 min

España27-09-2014

Artur Mas continúa con su particular pulso al Estado español. Los últimos pasos dados por el president de la Generalitat han puesto en jaque al Gobierno del PP, que ya ha iniciado los trámites para que, con su recurso al Tribunal Constitucional, esa ley quede automáticamente suspendida. La Ley de Consultas es la "base legal" con la que Artur Mas pretende convocar un referéndum consultivo el 9 de noviembre sobre si Cataluña debe o no seguir siendo parte del Estado español.

Sin embargo, tanto la Ley de Consultas, aprobada por el Parlamento catalán, como el decreto que convoca el referéndum del 9 de noviembre son ilegales. Ilegales porque Cataluña no tiene competencia para convocar referendos, aunque estén aparados por una supuesta Ley de Consultas que es probable que sea anulada por el TC. La Constitución da la posibilidad, en su artículo 150.2, de que el Gobierno central transfiera la potestad de convocar referendos. Sin embargo, la consulta que plantea Mas pone en cuestión la soberanía nacional, que como reconoce la Carta Magna, reside en el conjunto del pueblo español. En este sentido, para que la consulta sea realmente legal, hace falta cambiar la Constitución española para permitir que las autonomías convoquen este tipo de referendos. Pero un cambio así exige un proceso de consenso entre todos los partidos con representación en el Congreso que, en estos momentos, es imposible. Ni el PP ni el PSOE están de acuerdo en cambiar la Constitución en este aspecto y ya sólo el PP supone más de la mitad de la Cámara. Este proceso de soberanía catalana que defiende Artur Mas tiene su origen en el estatuto de Cataluña de 1989 y con la etapa de Gobierno de Jordi Pujol que duró hasta el 2003. Una etapa en la que, por el entonces presidente catalán, hablaba de la independencia de Cataluña y de ese sentimiento que, según él, tenían los catalanes de ser un país. Ese estatuto del 89 recibió el apoyo del 88,15% de los votantes, aunque la participación solo fue del 59,3%. Contemplaba la existencia de un órgano legislativo para Cataluña, el Parlamento, y otro ejecutivo, el Gobierno de Cataluña, además de otras instituciones. En las elecciones del 2003 la etapa "pujolista" se terminó, y se formó un Gobierno de coalición, el llamado tripartito: ERC, PSC, y ICV. El presidente era el socialista Pasqual Maragall. En 2005 se aprobó un nuevo estatuto que otorgaba más independencia y más privilegios para el pueblo catalán. Fue aprobado por el 90% de la cámara con los votos del tripartido más CiU. El primer problema que fue tomado como un ataque a Cataluña fue cuando ese proyecto de estatuto fue presentado en el Congreso de los Diputados. Se aprobó, sí, pero con importantes modificaciones con respecto a su texto original. Durante 2009 y 2010 se celebraron consultas no oficiales sobre la independencia de Cataluña en 512 municipios, con una amplia mayoría de votos favorables. Sin embargo con una exigua participación. La primera de ellas fue la Consulta de Arenys de Munt el 13 de septiembre de 2009. El nuevo revés llego en 2010. Se conoció la sentencia del TC sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, que supuso un nuevo recorte al texto. La sentencia respondía a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. La sentencia supuso que no se ampliara sustancialmente la autonomía política catalana, pero no constituyó un retroceso. Llegaron las elecciones al Parlamento de 2010, y CiU incluyó en su programa electoral como punto fuerte el "derecho a decidir". Las elecciones dieron la victoria a CiU, con 62 escaños, pero sin que consiguiera la mayoría absoluta. Artur Mas se presentó al debate de investidura con un discurso en el que proponía que Cataluña comenzase una "transición nacional" hacia la aplicación plena del “derecho a decidir” de los catalanes, que comenzaría con la formación de un frente común en defensa de un pacto fiscal similar al concierto vasco. Una pacto fiscal que se debatió en 2012, cuando Artur Mas se reunió con Mariano Rajoy. El proceso soberanista como tal empezaría el 27 de septiembre de 2012, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó realizar un referéndum. Ese mismo año, entre septiembre y diciembre, se realizaron elecciones anticipadas en Cataluña con un pacto de gobernabilidad entre CiU y ERC que incluyó entre sus puntos la denominada "Consulta sobre el futuro político de Cataluña". El 23 de enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó con 85 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones, la "Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña" donde afirma que "el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano". En 2014 se aprobó la Ley de Consultas y se firmó el decreto de convocatoria de la consulta a la espera de que Gobierno presente ante el TC el recurso de inconstitucionalidad que anunció.