Esta web contiene cookies. Al navegar acepta su uso conforme a la legislación vigente Más Información
Sorry, your browser does not support inline SVG

Aborto

La reforma del aborto fractura al Gobierno y al PP

Por Selene PisabarroTiempo de lectura3 min
Sociedad23-09-2014

La división interna en el Gobierno de Mariano Rajoy es más que palpable. Una de las leyes más polémicas de la actual legislatura ha sido la reforma de la Ley del Aborto que, desde el primer momento, causó numerosas críticas dentro del partido y gran controversia en las calles. Tras la dimisión de Gallardón, empiezan a notarse las primeras consecuencias de la crisis que se abre en el PP.

El pasado 20 de diciembre, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó su anteproyecto de ley durante el Consejo de Ministros. Esta ley modificaba la anterior del Gobierno de Zapatero, que había elaborado en 2010 la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Bibiana Aído. Sin embargo, la repercusión que tuvo la norma que una parte del PP pensaba aprobar fue mayor. Muchos algunos cargos del partido amenazaron con romper la disciplina de voto si el anteproyecto llegaba a las Cortes. Desde entonces, el partido comenzó a romperse por dentro. Muchos apuntaban hasta ahora que no haber aprobado aún la ley consistía en una estrategia electoral, bien es cierto que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha evitado durante todo este tiempo hacer ninguna declaración al respecto. Durante este verano se rumoreó la posibilidad de que se aprobase antes de que terminara septiembre. Hasta que el pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que la ley necesitaba el máximo consenso para que pudiera entrar en vigor. Un órdago que lanzó a los periodistas que estaban allí presentes vaticinando lo que vendría. Mariano Rajoy sabía desde esa fecha que su ministro más polémico, Gallardón, abandonaba su cargo y con ello la política. El motivo era que se sentía desautorizado porque el presidente del Ejecutivo no sacaría la ley adelante, algo que le dolió por haber tratado de seguir “la doctrina del partido y el recurso de inconstitucionalidad que planteó el PP a la ley del 2010”, según afirmó este martes durante la rueda de prensa en la que anunció su dimisión. La reforma de la ley del aborto -en la que se cambiaban los plazos para llevarlo a cabo y se reducían los supuestos a dos- era una de las principales promesas electorales del PP. Por eso, una amplia parte de los votantes que decidieron depositar su confianza a favor de los populares, se muestra molesta. Esta parte del electorado estaba en contra de que los menores pudieran abortar sin el consentimiento de los padres. Lo único que no cambiará, según ha asegurado Gallardón, es que el Gobierno sí se modificará la ley de 2010 para que las menores de edad no puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, además de que elaborará un Plan de Protección de la Familia antes de finales de año. Eso sí, aún con el presidente de camino a China -pero con todo organizado-, la cartera de Justicia solo ha quedado tres horas sin titular porque desde el Ejecutivo ya han anunciado que el sucesor será Rafael Catalá, el actual secretario de Estado de Infraestructuras. Hasta la próxima semana no tomará posesión de su cargo, con Rajoy de vuelta y con el Rey de regreso de su viaje a Estados Unidos. Numerosos miembros del PP han aplaudido la labor de Gallardón. Por ejemplo, el senador popular Luis Peral ha alabado la decisión, que ha calificado de “ejemplo y coherencia”. Desde Acción Mundial de Parlamentarios por la Vida -una organización que, como su propio nombre indica, apoyan las políticas en las que prevalezca el derecho a la vida-, han mostrado su apoyo a la “difícil” tarea del ministro. No han pensado lo mismo desde la Conferencia Episcopal donde, su secretario general, José María Gil Tamayo, en su cuenta de Twitter ha tachado la decisión de retirar la ley de “interés electoralista” y ha añadido que “supone ante todo una pérdida de vidas humanas, además de coherencia política”. El coordinador general de la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), José Antonio Díaz, se ha mostrado decepcionado por la decisión y ha advertido al Ejecutivo de la gran pérdida de votos que tendrá por haber decepcionado a su electorado con promesas que no ha cumplido. Se trata, sin duda, de un nuevo batacazo para Rajoy, que ve cómo las elecciones de 2015 están próximas mientras trata de lidiar, además, con una crisis económica y la corrupción entre sus filas.