CRISIS ARGENTINA

Argentina entra en suspensión de pagos selectiva aunque el Gobierno lo niega

Por Selene Pisabarro2 min

Internacional01-08-2014

El fallo del magistrado que lleva el litigio entre el gobierno argentino y los acreedores de los fondos buitre es muy claro: el Ejecutivo deberá devolver la misma cantidad que ingresaron y el país se encuentra en suspensión de pagos parcial tras no lograr un acuerdo con los "fondos buitre". Sin embargo, Argentina no lo tiene tan claro y ha afirmado que llevará la instancia a tribunales internacionales.

Argentina se encuentra al límite tras agotar el plazo este miércoles para la negociación de los "fondos buitre". Este tipo de fondos consiste en un capital que se invierte en una compañía publica que no tiene solvencia o está cercana a la quiebra. Numerosos expertos económicos afirman rotundamente que durante los próximos meses el país se verá inmerso en una situación financiera inestable. Sin embargo, desde el Gobierno argentino no reconocen esta situación y aseguran que hablar de una suspensión de pagos es una "patraña absurda" porque el objetivo de ese rumor es que no se lleve a cabo la reestructuración de la deuda. Jorge Capitanich, el jefe del Gabinete, ha asegurado que el Ejecutivo ha cumplido sus obligaciones financieras con los acreedores de la deuda reestructurado y que, por tanto, la responsabilidad es del juez estadounidense. Además, ha afirmado que una vez que ha finalizado el plazo de gracia de 30 días para pagar a los tenedores de bonos, pueden presentar una instancia ante el Tribunal de la Haya o dejar que las Naciones Unidas medie en el debate a nivel internacional. La agencia estadounidense Standard and Poors ha rebajado la calificación a Argentina y la ha declarado en "situación de pagos selectiva", es decir, solo implica a una parte de los afectados. Concretamente, a 539 millones de dólares de algunos acreedores que aún no se han devuelto. Consideran que solamente se podría cambiar la calificación si el gobierno argentino sanea tal incumplimiento y se vuelve a revisar el riesgo residual de litigios a los que se enfrenta el país, así como su perfil y su acceso a los mercados de deuda internacionales. El juez que lleva el litigio es Thomas Griesa, un magistrado que falló a favor de los fondos de inversión, que actualmente tienen deuda en mora desde que se suspendieron los pagos hace trece años, en 2001. Griesa ha fallado a favor de los inversores, que reclaman el pago de 1.300 millones de dólares -que alcanzan los 1.500 millones con los intereses- a Argentina, que por lo tanto tendrá que acatar. El país comenzó a realizar el reembolso el pasado 26 de junio pero con la condición de que establecería una quita, algo que los propietarios de los fondos buitre no aceptaban, por lo que recurrieron a la justicia estadounidense ya que muchos de los inversores proceden de allí. Actualmente, la decisión está paralizada y los fondos están retenidos en el Bank of New York Mellon por orden judicial hasta nueva orden. Esto complica la situación del país, que pierde la confianza del resto de los inversores y perjudica, además de a estos, a los ciudadanos y a los tenedores de bonos. El gobierno argentino afirma que cumplir la sentencia no permitiría reestructurar la deuda pública aunque hasta el 31 de diciembre una cláusula les impide ofrecer mejoras a los acreedores. Por el momento, Capitanich ha dicho que sí van a pagar aunque bajo las condiciones que empezaron hace un mes.