CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno abonará las facturas fuera de plazo de administraciones

Por Sergio Castilla5 min

España25-07-2014

El pago a proveedores por parte de administraciones protagoniza el Consejo de Ministros de este viernes. El Gobierno aprueba un decreto que regula el procedimiento por el que todas las administraciones deberán publicar a partir del próximo mes de octubre el plazo medio de pago a sus proveedores y que permitirá al Ministerio de Hacienda asumir esos pagos si están por encima del periodo establecido y después descontárselo a las comunidades y los ayuntamientos de su financiación.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el procedimiento por el que el Gobierno pagará las facturas de comunidades y municipios que no cumplan con los plazos y se lo descontará de su financiación. El ministro ha señalado que la medida va en la línea de "transparencia" en la que trabaja el Gobierno y contribuirá a "erradicar la morosidad", que "es un gran objetivo del Gobierno y del país porque es clave para superar la crisis". Este real decreto da cumplimiento a la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que se introducía el concepto de periodo medio de pagos (PMP) como expresión del volumen de la deuda comercial, y se establecía la obligación de que todas las Administraciones Públicas hagan público su periodo medio de pagos. Montoro ha explicado que esto permitirá "con claves homogéneas" conocer si efectivamente todas las administraciones reducen sus plazos hasta llegar a los límites establecidos legalmente, un objetivo que ve "al alcance de la mano". El ministro de Hacienda también ha adelantado que el Gobierno tiene prevista una reestructuración de los créditos del FLA, que planteará el próximo jueves a las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y aprobará el viernes de la próxima semana en el último Consejo de Ministros antes del verano. Esta modificación permitirá que las autonomías "se beneficien" de la recuperación en la confianza en España y las condiciones en las que está financiándose el Tesoro Público. "Facilitar la liquidez y que tenga menor carga de intereses", ha insistido. Montoro también ha anunciado que el Gobierno aprobará una prórroga para que comunidades y ayuntamientos devuelvan las liquidaciones negativas de anteriores ejercicios. En lo que concierne a sanidad, el Ejecutivo también ha aprobado dos importantes medidas. La primera consiste en el real decreto que regula la troncalidad de la formación sanitaria, la reespecialización y la capacitación científica. Según el ministerio de Ana Mato, se trata de una medida que "moderniza" la formación en este ámbito. El otro real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros es el que regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. La medida permitirá planificar las necesidades de profesionales sanitarios titulados y coordinar las políticas de Recursos Humanos en la sanidad pública. Está previsto que entre en funcionamiento este mismo año. Otras medidas relevantes aprobadas por el Gobierno este viernes han sido Ley Reguladora de la Biblioteca Nacional de España (BNE), con la que se pretende dotar de autonomía a la institución; el proyecto de ley del nuevo Código Penal Militar, que sustituye al vigente desde hace veintiocho años y que tipifica entre los nuevos delitos el acoso sexual, el abuso de autoridad, las amenazas y el trato humillante; el nuevo reglamento de la Carrera Diplomática, vigente desde 1955, para establecer un sistema de elección de los candidatos más idóneos "transparente y abierto" y basado en la profesionalidad, el mérito y la capacidad; y un real decreto que rebajará el número de abogados que ejercen sustituciones en la Fiscalía. De este modo, los miembros de la Carrera Fiscal cubrirán sus propias vacantes y solo recurrirán a profesionales ajenos a su institución en casos "excepcionales" cuando se hayan agotado todas las posibilidades. El Ejecutivo también ha aprobado una serie de partidas: 19 millones para el desarrollo informático en la Agencia Tributaria, 16 millones para luchar contra la pobreza infantil en 2014 y 9,5 millones a las Comunidades Autónomas para la lucha contra las drogas. A todas estas medidas y partidas hay que sumar tres nuevos nombramientos realizados hoy por el Consejo, el de Carlos Domínguez Díaz como nuevo embajador en Malasia, así como los de Ramón Abaroa Carranza como embajador en Macedonia y Luis Ignacio Boné Calvo en Cabo Verde. Por otra parte, se ha aprobado el nombramiento de Andrés Hermida Trastoy como nuevo secretario general de pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En la habitual rueda de prensa posterior al Consejo, los miembros del gabinete han respondido a diferentes cuestiones de candente actualidad. Sobre la reciente publicación de las balanzas fiscales, la cual ha suscitado polémica en algunos casos, Montoro ha pedido "más responsabilidad" a todos los dirigentes autonómicos y que "rebajen sus declaraciones" sobre el resultado de las balanzas fiscales. Así mismo, ha afirmado que dicho cálculo ni pretende "ni está pensado" para sentar las bases del modelo de financiación que elaborará el Gobierno para las comunidades autónomas. Sobre la reunión que se avecina el próximo miércoles entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que Rajoy acude "con ánimo constructivo", aunque asegura que no hay "nada" que hacer si el único plan de Mas es la consulta. Además, la portavoz ha adelantado que el jefe del Ejecutivo ofrecerá al próximo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acuerdo en los "grandes temas de Estado", pero al mismo tiempo ha cuestionado la "viabilidad" de la tercera vía sobre el modelo territorial que el nuevo líder socialista respalda. También ha habido preguntas sobre el avión de la aerolínea española Swiftair que se estrelló en Malí este jueves con 116 personas a bordo, entre ellos seis españoles. Sáenz de Santamaría ha declarado a este respecto que el avión contaba con todos los permisos de aeronavegabilidad en regla y que su tripulación había pasado todos los requisitos de formación. Según ha confirmado la propia vicepresidenta, la Comisión de Investigación de Accidentes española investigará el accidente.