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INMIGRACIÓN EN EUROPA

La corriente antiinmigración se refuerza en Europa

Por Andrea Muñoz MartínTiempo de lectura3 min
Sociedad28-03-2014

Los discursos antiinmigración continúan proliferando en Europa. La crisis económica ha favorecido el auge de partidos de extrema derecha que abogan por la implantación de políticas proteccionistas que endurecen las condiciones de movilidad y residencia de los inmigrantes dentro del marco europeo. Francia, Suiza e Inglaterra son algunos de los países que ya han llevado a cabo iniciativas para controlar el flujo de extranjeros. Pero no han sido los únicos. Alemania –con un ojo puesto en las próximas elecciones europeas de mayo- ha sido la última en adoptar este planteamiento y ha anunciado que “tomará medidas” para amortiguar la presión migratoria que, según el Gobierno alemán, se ha convertido en “un problema”.

Ochenta millones de ciudadanos de la Unión Europea viven en la pobreza. Esta situación ha servido como excusa para que muchos dirigentes hayan pasado a poner en duda la regulación de la movilidad comunitaria y la libre residencia. A pesar de que el marco legal europeo únicamente ampara las expulsiones de inmigrantes cuando representan “una carga social para el sistema” y bajo “circunstancias excepcionales”, lo cierto es que esta práctica se ha incrementado de manera extraordinaria en el último año. Ya en 2012, Bélgica expulsó a casi 2.000 ciudadanos comunitarios por considerarlos una “carga excesiva” para sistema. Sin embargo, muchas de las medidas que se han aprobado en los últimos meses han venido motivadas, en parte, por el levantamiento de la restricción a los ciudadanos búlgaros y rumanos para trabajar en cualquier país de la Unión Europea, una norma que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2014. Reino Unido fue el primer país en anunciar que tomaría medidas por temor a una oleada masiva de inmigrantes de territorios del este de Europa y, general, para mitigar el flujo de personas provenientes de otros países de la Unión Europea. El primer ministro David Cameron recalcó que el acceso a los servicios públicos debía ser algo “que los inmigrantes se ganen” y no “un derecho automático”. No en vano, Cameron afirmó el pasado jueves que se disponía a trabajar con otros dirigentes, entre ellos, la canciller Angela Merkel, para reformular la política migratoria ya que, según argumentó, la libre circulación “no es para reclamar ayudas”. Otro de los países que ha llevado a cabo medidas restrictivas contra la inmigración ha sido Suiza. A través de un referéndum popular que se llevó a cabo el pasado mes de febrero, se aprobó la restauración de las cuotas de inmigrantes provenientes de la Unión Europea que podrían entrar en el país. El resultado de la votación fue muy ajustado –un 50,3% de los votantes le dieron el “sí” a la propuesta- y obtuvo un mayor apoyo en las regiones germano e italoparlantes. Sin embargo, los inmigrantes comunitarios no son el único “problema” al que se enfrentan los países de la UE. Las enormes oleadas de extranjeros llegados del norte de África han encendido todas las alarmas en países como Italia, donde se ha reforzado considerablemente la vigilancia en las zonas costeras, sobre todo, tras la tragedia de Lampedusa en la que murieron más de 100 personas; y España, cuya presión fronteriza no ha parado de crecer en los últimos meses. De hecho, la líder ultraderechista francesa, Marine Le Pen, aconsejó a los gobiernos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla restringir “la sanidad” y “la escolarización” a los inmigrantes para acabar con el problema. El vicepresidente del Gobierno melillense, Miguel Marín, ha considerado a la propuesta de Le Pen como “una aberración” y ha pedido respeto porque “se trata de la dignidad de las personas”. La dirigente del partido francés Frente Nacional ha afirmado en más de una ocasión que en el viejo continente “ya no hay sitio para los inmigrantes”. La popularidad de Le Pen en el país galo aumenta día tras día, lo que confirma la tendencia proteccionista que están adoptando no solo los dirigentes europeos, sino también los propios ciudadanos.