INMIGRACIÓN

Fernández Díaz: "La ley no está preparada para estas avalanchas"

Por Andrea Muñoz Martín2 min

España06-03-2014

Cuarenta mil. Ése es el número de inmigrantes sin papeles que, según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aguardan en los territorios fronterizos africanos para llevar a cabo el asalto al territorio español. Quince. Ése es el número de personas que perecieron –bajo circunstancias que no están todavía aclaradas- el pasado 6 de febrero en la playa de Tarajal al intentar entrar en Ceuta. Sesenta millones. Es la cantidad que, según estimaciones del Gobierno, ha invertido España para financiar medidas contra la inmigración irregular sólo en las dos ciudades autónomas españolas. Sin embargo, el ministro insiste en que “la ley no está pensada para supuestos como las avalanchas en Ceuta y Melilla".

Sin embargo, más allá de las cifras, lo cierto es que los asaltos no cesan y que la “presión migratoria” –según los informes policiales- “es cada vez mayor”. El más numeroso registrado hasta ahora se produjo el 4 de marzo, cuando más de 1.200 subsaharianos trataron de entrar en Ceuta, aunque ninguno de ellos consiguió finalmente su objetivo. Camerún, Senegal y Nigeria son los países de los que más personas “huyen” –aunque las ONG señalan también un importante aumento de emigrantes sirios, debido a la guerra civil que asola este país-. En muchos casos, existen mafias organizadas que elaboran un “plan de ruta” para los sin papeles. Los métodos que utilizan son varios, aunque el precio siempre es elevado: desde 1.000 euros por utilizar una embarcación hasta 6.000 por cruzar el estrecho en un avión o utilizando un pasaporte falso. Aun así, las redes mafiosas no son, al menos en estos casos y pese a la creencia generalizada, el medio más usual utilizado por los inmigrantes. Las tarifas, cada vez más caras, obligan a muchos a asaltar directamente las vallas fronterizas porque es su “única opción para pasar de Marruecos a territorio español, ya que no tiene coste económico y puede realizarse en cualquier momento”, según apuntan algunas fuentes de Seguridad del Estado. Cientos de personas aguardan en refugios situados cerca de las ciudades autónomas y otros viven en los conocidos como “pisos patera”, por los que las mafias también cobran altas rentas. También muchos inmigrantes aguardan otra oportunidad en los Centros de Estancia Temporal (CETI) de Ceuta y Melilla que, en este momento, se encuentran desbordados y acogen más del doble de personas que lo que les permite su capacidad real. Sin embargo, si son interceptados –como ocurre en la mayoría de los casos-, la vuelta resulta casi tan complicada como tratar de pasar la frontera. La regulación legal en estos supuestos, a pesar de ser clara, es poco eficiente cuando se trata de asaltos masivos como en Ceuta o Melilla. La Ley de Extranjería, por ejemplo, dispone que, si se descubre la situación irregular de un inmigrante, se le ha de prestar asistencia jurídica gratuita y un traductor. Pero en las vallas no hay tiempo. “La ley no está pensada para supuestos como las avalanchas en Ceuta y Melilla. No es lo mismo controlar la frontera en Barajas o en Melilla". El Gobierno está "trabajando en una reforma para controlar mejor las fronteras, para que la Guardia Civil disponga de una normativa adecuada para hacer frente a esas situaciones”, ha declarado Fernández Díaz. El ministerio del Interior prevé hacer cambios en esta ley para ajustarla más a los lugares con mayor afluencia migratoria. Por su parte, algunas ONG denuncian que el objetivo último del Gobierno es legalizar la “devolución en caliente”, es decir, la repatriación inmediata de aquellas personas que sean interceptadas en condiciones irregulares –algo que, ahora mismo, y tal y como ha declarado el propio ministro en su visita a Ceuta, “es ilegal y no se puede consentir-.