Caso Nóos
El fiscal Horrach acusa al juez Castro de emplear una "teoría conspiratoriaW contra la infanta
Por José Manuel Arias
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España15-01-2014
El fiscal está totalmente convencido de que resulta “imprescindible” aclarar las dudas producidas por el nuevo auto de imputación del juez castro antes de que se celebre el juicio del día 8 de febrero. Según su criterio, el magistrado ha recurrido a una “teoría conspiratoria” con el objetivo de justificar la existencia de indicios delictivos que puedan avalar la imputación de Doña Cristina, imputando así a los peritos por el encubrimiento de su persona.
Horrach pide la declaración de dos inspectores concretos de la Agencia Tributaria, así como la declaración en calidad de testigo de la inspectora que investigó el movimiento de billetes de 500 euros por parte de Nóos y su mujer a principios del año 2011. A esta lista se une la jefa del grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, quien tomó declaración a los proveedores de Aizoon. Horrach precisa asimismo la declaración de los representantes de las siete empresas en cuyos consejos de administración estuvo integrado Iñaki Urdangarin, que cobró de ellas a través de la sociedad compartida a medias con la hija menor del Rey. El objetivo de estos testimonios no es otro que corroborar una vez más que el esposo de la infanta participó en los respectivos consejos, lo que fue cuestionado por el juez en su auto. En el escrito presentado a la Audiencia de Palma, Horrach ha apuntado que “si el propio juez pone de manifiesto dudas”, sobre la apariencia delictiva de las conductas de Doña Cristina de Bobón, significa que es más que conveniente citar a aquellos testigos que puedan clarificar el asunto, es decir, los inspectores de Agencia. Horrach opina que deberán ratificar y ampliar los informes presentados para “dotar de amparo” a estos funcionarios, quienes han sido objeto de “imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espureos ajenos al cumplimiento de su labor profesional”. El fiscal ha insistido en que “las dudas no sirven como base de la imputación porque en un procedimiento penal equivalen a la mera conjetura, sospecha o especulación. “Ha añadido que se “corre el grave riesgo” de que la infanta “verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos”. No ha olvidado recordar que el propio instructor indicó en su auto de imputación que el presunto fraude adquiriese el grado de delito era “escasamente probable, aunque no merecedor de aplauso”, matizando posteriormente que más que improbable era “materialmente imposible”. Horrach no ha querido recurrir la imputación, tras hacerlo la infanta, ha explicado que el Código Penal no contempla como delito “imputar gastos personales a la actividad mercantil como costes de explotación” como hizo la duquesa de Palma en Aizoon. Además, ha rebatido la supuesta contradicción de la Agencia Tributaria sobre la consideración de las tres facturas falsas que fueron emitidas por Intuit contra Aizoon en 2007. Ha argumentado que los inspectores las consideraron falsas porque fue Castro quien les pidió una liquidación de la sociedad de los duques sin excluir ingresos y determinando los gastos deducibles.