Caso Nóos

Representantes de la Justicia enfrentados por la imputación de la Infanta

Por Selene Pisabarro3 min

Sociedad09-01-2014

Las diferencias son cada vez más palpables entre el juez Castro y el fiscal Horrach. Cuando comenzó el proceso de instrucción del caso Nóos, ambos estaban de acuerdo con las decisiones del otro para tratar de desenmarañar los hechos delictivos que durante años había llevado el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín. Sin embargo, las discrepancias empezaron cuando quien entraba en juego era el papel y la figura de la infanta Cristina.

Mediante el auto de 227 páginas que se hizo público este martes, en el que se imputa a la Infanta Cristina, el juez Castro respondió a las críticas que presentó a través de un escrito el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, el pasado 17 de diciembre. Este se encaraba con Castro recordándole que la justicia es igual para todos pero que no sucedía lo mismo en el procedimiento que está llevando a cabo para imputar a la Infanta. Sin embargo, no es la primera vez que Horrach se dirige al juez ya que en abril también lo hizo tras la primera imputación de la hija del Rey, que finalmente fue retirada. En el auto, Castro afirma que "en Derecho, como en diplomacia, las formas son importantes” y la declaración de la Infanta ante los tribunales constituye un paso más en el proceso para esclarecer la presunta trama de corrupción. Aunque trata de elogiar la labor del fiscal precisando que, sin la investigación que ha impulsado, hubiera sido imposible llegar hasta el punto en el que se encuentra la causa, continúa durante 27 páginas criticando los argumentos que el 14 de noviembre presentó Horrach para oponerse a la imputación de la hija del Rey. Castro explica en el documento que su propósito es que la Infanta preste declaración para esclarecer los hechos y no tienen por qué existir pruebas objetivas que demuestren su participación en el caso Nóos porque incurriría en un círculo vicioso. También, ha advertido que, hasta el momento en el que Doña Cristina declare, no se puede juzgar si es culpable o inocente –que, a su juicio, es lo único que busca Horrach y no desentrañar las claves del proceso-. El auto contiene un sinfín de dardos que devuelve al fiscal y en el que le recuerda que se debe juzgar a la persona si ha cometido hechos delictivos, no dependiendo de quién sea y que además hay otras 42 personas imputadas sobre las que el fiscal no se ha pronunciado. Dos doctrinas pero una única salida Ante los delitos a los que se enfrenta la infanta –blanqueo de capitales y delito fiscal contra la Hacienda Pública-, existen dos posibles soluciones. En un principio, el Derecho que impera en España descarta el juicio oral si es a instancia de la acusación popular ya que necesita que lo haga el Ministerio Fiscal o la acusación particular. La primera salida es la "doctrina Botín", que se aplicó en 2007 al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que le eximió de ser juzgado por la acusación popular en un caso de cesiones de créditos. La razón es que no es la forma para dictar sentencia si la Fiscalía –que aboga en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público- no presenta ninguna acusación. En el caso relativo a Doña Cristina, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado –que es la encargada de defender al Estado en los casos de delitos contra la Hacienda Pública- sopesan la acusación. La segunda posible vía es la de la "doctrina Atutxa", mediante la que el Tribunal Supremo modificó algunos de los términos de la doctrina Botín. Esta doctrina fue la que condenó al ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) e incurrir, por tanto, en desobediencia a la autoridad judicial. En este caso, sí permitió que se estableciera una acusación popular ya que se trataba de un delito que perjudicaba los intereses colectivos aunque los perjudicados directos no se personasen. El colectivo Manos Limpias, personado como acusación popular, pide que se aplique la "doctrina Atutxa" para imputar a la hija del Rey. El abogado de la infanta, Miquel Roca, ya ha anunciado que recurrirá la imputación como hizo en abril de 2013. En aquella ocasión, la Sección Segunda de la Audiencia provincial estimó su recurso y descartaba su imputación por corrupción.