Telecomunicaciones

Bruselas vuelve a poner el ojo en Telefónica

Por Carlos Martínez de Leyva3 min

Comunicación29-10-2013

La compañía Telefónica, hoy Movistar, creadora y dueña de la mayor parte de la red telefónica en España, cuando se liberalizó el mercado de las comunicaciones, se vio obligada a permitir el uso de su red a otras compañías que sin red telefónica o con una muy reducida comercializan líneas telefónicas y acceso a Internet de banda ancha. Ese acceso lo compran al por mayor y luego compiten en precios con la propia Telefónica que les proporciona las líneas. La Comisión Europea exige a Telefónica que corrija las tarifas de alquiler de su banda ancha a sus competidores, por considerarlas excesivas, y ejercer abuso de posición dominante.

Entre 2004 y 2008 Viviane Reding fue Comisaría europea de la Sociedad de la Información y Medios. Bruselas en aquellos momentos quería partir el negocio e las grandes telefónicas para bajar los precios. La reforma que proponía Viviane Reding se enfrentaba con los intereses de los gigantes de las telecomunicaciones como Telefónica, France Télècom y Deutsche Telekom. En una decisión anunciada el 4 de julio de 2007, la comisión consideró que Telefónica había impuesto, entre septiembre de 2001 y diciembre de 2006, precios no equitativos, estrechando los márgenes entre los precios mayoristas que cobraba a sus competidores y las tarifas minoristas que cobraba a sus clientes. La comisión concluyó que Telefónica debilitaba a sus competidores porque les obligaba a igualar los precios minoristas, por lo que le impuso la sanción de 151,8 millones de euros. El Ejecutivo comunitario, de nuevo, cree que las tarifas fijadas no están «suficientemente justificadas». Bruselas vuelve a poner el ojo en Telefónica. La Comisión Europea ha pedido oficialmente al regulador español de telecomunicaciones, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), ahora integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que retire o modifique su propuesta para fijar los precios regulados que Telefónica, puede aplicar a sus rivales por el uso de su red de banda ancha. Telefónica, en su defensa, argumentó ante los jueces de Luxemburgo que la CE no aplicó el estándar jurídico para la definición de tres mercados mayoristas distintos, y que a raíz de esa circunstancia incurrió en errores de apreciación y análisis. La empresa ofrece tres tipos de productos mayoristas de banda ancha: el alquiler del bucle, a coste mensual bajo para el operador entrante pero que exige algunas inversiones en equipamientos; el llamado GigADSL, con un coste mensual algo más elevado pero que los alternativos pueden prestar adecuando mínimamente sus puntos de interconexión, y el ADSL IP, que la empresa vende con marca blanca. Ésta es la modalidad más cara pero también la que menos exigencias (ni inversiones, ni riesgos) plantea a los operadores entrantes, que pueden revender el ADSL a sus clientes con sus propias marcas. No hubo "estrechamiento de márgenes", "sus competidores siempre podían elegir el modelo bucle". La Unión Europea detalla a la CNMC que su propuesta de revisión de esos precios supone en la práctica establecer una tarifa regulada que supera hasta en un 50% a la que correspondería a costes eficaces, y que además podría ser incompatible con las normas comunitarias en materia de telecomunicaciones, atentar contra la competencia y no promover la inversión en la banda ancha de alta velocidad. El informe de Bruselas, sólo tiene carácter valorativo, con lo cual la CNMC podrá considerarlo y aceptar sus peticiones, modificando o retirando su plan, o, por el contrario, mantener su propuesta original. Sin embargo, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas comparte las preocupaciones expresadas por Bruselas y esta exige por tanto al regulador español que retire o modifique su propuesta «en cuestión de semanas, más que de meses», según explicó el portavoz de Telecomunicaciones, Ryan Heath. En caso de no seguir esa recomendación, la Comisión Europea «estudiará las medidas jurídicas oportunas», advirtió el Ejecutivo comunitario.