CASO CAMPEÓN
El Supremo archiva la causa contra José Blanco
Por Ana Pascual Ases
3 min
España18-07-2013
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado en un auto hecho público el recurso de la defensa del ex ministro del PSOE, José Blanco, acordando archivar las actuaciones que se tramitaban contra él por un delito de tráfico de influencias en el caso Campeón. La Sala de lo Penal ha afirmado que del procedimiento abierto contra Blanco no se derivan indicios de delito y que tampoco ejerció ninguna presión para conseguir que la Administración actuase en favor del vicepresidente de Azkar y empresario, José Antonio Orzco, amigo suyo.
El juez instructor del caso en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, propuso el 7 de junio a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que tramitara el suplicatorio al Congreso de los Diputados para juzgar al ex ministro, pero la Sala ha estimado el recurso de la defensa a través de lo que ha quedado indicado en el auto, “mediar para convenir una entrevista entre un alcalde y un particular que actúa en interés propio de una empresa, sin sugerir ni ofrecer una alteración de la resolución administrativa” no se considera como delito de tráfico de influencias. La decisión que ha tomado la Sala de que no se aprecia que Blanco ejerciera ninguna presión relevante para conseguir forzar la voluntad de la Administración, supone el cierre definitivo del caso. En el auto se ha señalado que “la causalidad entre la gestión de la entrevista y la modificación” que se llevó a cabo después en los informes municipales para la concesión de la licencia “carece de soporte probatorio”. El tribunal, formado por los jueces Carlos Granados, Joaquín Giménez y Andrés Martínez Arrieta, ha considerado que la intervención telefónica de las conversaciones entre el ex ministro y Orozco “sólo resulta la gestión de la entrevista, y quienes han intervenido en el expediente han justificado los criterios técnicos empleados en su adopción”. La decisión tomada por el Tribunal Supremo ha tenido como consecuencia que la propuesta de suplicatorio enviada a la Sala por el juez Soriano quede sin efecto, en ella pedía tramitar la petición al Congreso de los Diputados para juzgar al ex ministro, momento en el que el magistrado descartó delito de prevaricación. El Supremo ahora ha calificado de “injustificado y sorprendente” el informe técnico del juez Soriano al considerar que carece de base tras las pruebas practicadas, “esos hechos no son subsumibles en el tipo penal de tráfico de influencias”, para que lo fueran se requiere “predominio o fuerza moral sobre un sujeto pasivo de manera que su resolución o actuación sea debida a la presión ejercida”, lo que no se ha dado en el caso. La Sala tampoco ha encontrado que Blanco actuara con “abuso de la situación de superioridad” ejerciendo “una presión impropia del cargo”, tal y como había considerado Soriano asegurando que el ex ministro “intervino notoriamente” para llegar al alcalde de Sant Boi. Blanco, que anunció que dimitiría si el Supremo abría juicio oral contra él, continuará en su cargo actual como diputado nacional del PSOE. El ex ministro siempre ha sostenido que su único papel fue preguntar a su jefe de gabinete por el estado de Azkar y comentar el asunto con el Secretario de Estado, Isaías Taboas. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, ha subrayado que siempre puso “la mano en el fuego” por el ex ministro, “siempre he dicho que Pepe Blanco era inocente, hoy el Supremo me ha dado la razón”, ha afirmado. Rubalcaba ha asegurado que se alegra por la decisión final, por Blanco y por “su familia”. En octubre de 2011 comenzaron los problemas judiciales para lanco, cuando el socialista llevaba sólo dos años y medio de ministro de Fomento. Un empresario de Lugo llamado Jorge Dorribo aseguró ante el juez que había sobornado al ministro a través de un primo político socialista a cambio de gestiones ante los Ministerios de Sanidad y Economía. La causa terminó en manos del Tribunal Supremo y la investigación comenzó a finales de 2011, cuando se imputó al ministro por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.





