AFINSA

La Audiencia Nacional procesa a 14 cargos de Afinsa

Por Ana Pascual Ases3 min

España17-07-2013

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, en un auto publicado ha imputado a los 14 altos cargos procesados del holding empresarial Grupo Afinsa, cuyo presidente de honor es el portugués Albertino de Figueiredo. La empresa, especializada en la inversión de bienes tangibles como el arte, filatelia, numismática y las antigüedades, opera en España y en el extranjero de forma directa o a través de empresas a fines desde hace 26 años, y entre 2002 y 2004 tuvo un importante crecimiento al duplicar su facturación y triplicar sus beneficios. El juez Pedraz ha explicado que el consejo de administración y otros altos directivos sabían que era un “negocio ruinoso” porque carecía de sentido y de apoyo legal.

El juez ha considerado que el incremento continuado de sus ventas entre 1998 y 2006 fue debido a delitos defraudatorios, los cuales permitieron mantener el negocio pese al creciente déficit patrimonial de la empresa, cuya “inconsistencia e inviabilidad está fuera de toda duda”. Pedraz ha indicado que los altos directivos de Afinsa conocían que era un negocio “ruinoso” porque no tenía apoyo legal ni sentido económico. En al auto de 59 páginas ha quedado reflejado el modo en el que operaba la compañía, durante toda la vida de la empresa los administradores supieron que para mantener la actividad resultaba esencial controlar el precio de los sellos y su revalorización. La insolvencia de la compañía se ocultaba a terceros a través de artificios contables avalados por el auditor, ya que pese a sus pérdidas, Afinsa continuaba con su actividad reflejando beneficios en sus cuentas, gracias a que aumentaba de forma piramidal el capital invertido por los clientes, pero según ha señalado el magistrado, el capital nuevo que conseguían cada año producía beneficios no reales. Pedraz ha establecido que la apariencia empresarial era de una actividad lícita de contrato de compra de sellos por el particular, sin embargo, “ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribuía al ahorrador, con lo que la única viabilidad del negocio” consistía en llevar a cabo una “práctica defraudatoria con nuevos clientes, cuyas aportaciones pudiera ser utilizadas para alimentar tal dinámica”. Esto fue el determinante para que, el 26 de abril de 2006, se presentara una querella por “ocultar” la “absoluta insolvencia” “para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su fraudulento negocio”. El auto del juez, contra el que cabe recurso, ha señalado también que los administradores de Afinsa y las personas directas e implicadas en la operativa defraudatoria deberán responder por el prejuicio causado a los clientes de los contratos de inversión, que tiene que cuantificarse por el importe del déficit patrimonial de la compañía, 1.928 millones de euros. Los procesados son Juan Antonio Cano Cuevas, vicepresidente del Consejo de Administración, Consejero Delegado hasta 2003, presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado; Albertino de Figueiredo Nascimiento, presidente del Consejo de Administración y presidente no ejecutivo hasta 2003; Carlos de Figueiredo, Vicente Martín, Emilio Ballester, Francisco Guijarro, Joaquín José Abajo, Francisco Blázquez, Ramón Egurbide, Esteban Pérez, Gregory Manning, Ramón Soler Antich, Juan Domingo Brualla y Jordi Brualla, todos acusados de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. Pedraz ha subrayado que fueron Nascimiento y Cuevas quienes idearon la actividad defraudatoria de carácter piramidal. Manuel Conthe, actual presidente del Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica, ha afirmado que los empresarios de Afinsa “estaban en el fondo captando cuasi-depósitos”, aunque fuesen sociedades mercantiles de compraventa de bienes tangibles, ofrecían un producto de ahorro e inversión respaldado por activos. El 9 de mayo de 2006 una investigación de la Agencia Tributaria provocó la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, administración desleal, insolvencia punible y falsedad documental. La investigación había descubierto que más de 480.000 inversores estaban atrapados en una estafa de unos 4.800 millones de euros. Siete años más tarde, miles de ciudadanos han perdido sus ahorros en las participaciones de preferentes, puesto que los bancos colocaron este producto financiero entre sus clientes.