CATALUÑA

El juez concluye que el CDC cobró comisiones ilegales

Por Alba P. Huertas2 min

España16-07-2013

El juez del Juzgado número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, ha cerrado la investigación del caso Palau ya que se han encontrado indicios suficientes de que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se lucró de forma irregular a través del Palau. Recibió supuestos pagos por parte de Ferrovial de más de 5,1 millones de euros a cambio de adjudicaciones de obra pública del Govern de la Generalitat. Además hay indicios más que suficientes para abrir un juicio oral contra Fèlix Millet y Jordi Montull.

Según el juez, la constructora y el partido establecieron un acuerdo en el año 1999 que se prolongo 10 años más. Las comisiones por adjudicaciones de obra pública se camuflaron como donaciones al Palau. Cada comisión era el 4% de la obra pública adjudicada, de ahí, el 2,5% era para las arcas del partido y el 1,5% restante iba a manos de Millet y Montull en forma de comisión por los servicios prestados. La entrega del dinero se realizaba de tres formas diferentes. La primera en efectivo a los tesoreros del partido. La segunda forma, mediante facturas falsas de empresas. Y por último mediante convenios de colaboración entre el Palau y la Fundación Trias Fargas, ligada a Convergència y renombrada Catdem. El juez quiere imputar al ex tesorero del partido, Daniel Osácar, y al ex diputado Jaume Camps por presunta participación en el cobro de las comisiones ilegales, pero no han podido ser imputados. Además el juez considera que “otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat de Cataluña y otros organismos públicos locales, vinculados al partido y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública”. Los que sí están imputados son el ex director de Ferrovial en Cataluña, Pedro Buenaventura, y el director de relaciones institucionales, Juan Elizaga. Tanto el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled como el juez Josep Maria Pijuan afirman que el CDC recibió dinero por la adjudicación de la Ciudad de la Justicia, la línea 9 del metro de Barcelona, el nuevo pabellón en Sant Cugat del Vallès y las obras de revestimiento de la acequia Bellet del río Ebro, durante el gobierno de Jordi Pujol. Y por ello mantiene la imputación sobre 17 personas entre ellas Millet, su mano derecha en el Palau, Montull; la hija de éste, Gemma Montull; el ex tesorero Daniel Osácar. El CDC tiene embargada su sede principal en Barcelona por la fianza impuesta por el juez de 3,2 millones de euros. Se van a archivar las causas contra la secretaria personal de Millet, Elisabet Barberà y las esposas de Millet y Montull, Marta Vallès y Mercè Mir. Millet, Montull y su hija facturaron al Palau trabajos en sus viviendas entre los años 2005 y 2009 y en 2008 y 2009 falsificaron facturas. Además el ex presidente del Palau facturó las bodas de sus hijas y pagó un libro suyo, además de viajes exóticos con su familia. También defraudaron presuntamente a Hacienda. El juez se ha negado a incluir en la causa el presunto desvío de fondos a la fundación Faes ya que no hay suficientes indicios. El fiscal y las acusaciones particulares y populares tendrán que presentar un escrito de acusación pidiendo la apertura del juicio oral o bien el archivo de la causa.