DESAHUCIOS

El Constitucional suspende el decreto andaluz antidesahucios

Por Ana Pascual Ases3 min

Sociedad11-07-2013

El pleno del Tribunal Constitucional (TC), presidido por Francisco Pérez de los Cobos, ha decidido suspender el decreto contra los desahucios llamado ‘Decreto Ley sobre la Función Social de la Vivienda’ de la Junta de Andalucía, que autoriza la expropiación temporal de inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. El 28 de junio el Gobierno decidió enviar al alto tribunal la resolución del Gobierno andaluz y recurrir a él solicitando su paralización como medida cautelar. Una vez concluya el plazo de alegaciones durante los cinco meses que permanecerá paralizado, el Tribunal deberá decidir si lo mantiene o lo levanta.

La suspensión cautelar que el TC ha admitido se basa en el artículo 161.2 de la Constitución, y en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del TC, según el cual, cuando el Gobierno central recurre un acto o resolución de una comunidad autónoma, para las partes del proceso se suspende la aplicación del precepto impugnado desde la fecha en la que se interpuso el recurso del Gobierno, el 9 de julio de 2013, es decir, se lleva a cabo la suspensión automática del mismo durante un periodo de cinco meses prorrogable. Y “para los terceros”, la suspensión será efectiva desde el día en que la suspensión aparezca publicada en al Boletín Oficial del Estado (BOE). El 4 de julio el Consejo de Estado consideró que existían “fundamentos jurídicos” para la interposición del recurso contra el decreto andaluz, que prevé expropiaciones de viviendas y sanciones económicas a propietarios jurídicos de inmuebles vacíos que no se pongan en alquiler, y contra los cambios que introduce el artículo 1.3 de la Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el Gobierno sabe que el decreto andaluz “afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución, y establece una regulación contraria al principio de igualdad”, detallando en este último punto que “en la regulación de los derechos por ella afectados es necesario que exista una norma de carácter general y estatal para garantizar la igualdad”. La vicepresidenta también ha añadido que “además de los razonamientos que ha manifestado la Unión Europea y su preocupación por la norma”, el Ejecutivo ha analizado la normativa constitucionalidad, que según ha concluido Santamaría, “es el único fundamento que sirve para un recurso de inconstitucionalidad”. Según la Consejería de Fomento y Vivienda, la Junta de Andalucía ha iniciado los expedientes de expropiación temporal de 12 viviendas a los bancos, cuatro para familias de Málaga, dos de Granada, dos de Huelva, uno de Sevilla y otro de Cádiz, desde que el decreto de la función pública de la vivienda entró en vigor el 12 de abril de este año. La Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha defendido la constitucionalidad de la norma asegurando que tiene “legalidad jurídica plena” y un “respeto escrupuloso al Estatuto de Autonomía andaluz y a la Constitución española”. La decisión que ha tomado el Tribunal paraliza ahora la aplicación de este decreto durante cinco meses, ahora la Junta deberá tramitar y presentar sus alegaciones al Gobierno central y autonómico en un plazo de 15 días. Entonces el tribunal de garantías constitucionales deberá decidir si prolonga esa suspensión antes de que pasen cinco meses, o por el contrario, levantarla. El director general de Vivienda de la Junta de Andalucía, Antonio Ibáñez, ha defendido la constitucional del decreto considerando que el Gobierno de España hace “un uso perverso y torticero” del TC, y que la decisión de recurrir del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ha sido de tipo político y no jurídico. En cambio, Bruselas se pronunció en contra al afirmar que la norma pone en riesgo los objetivos del rescate bancario, y que retrasa la recuperación del sector inmobiliario. La Comisión Europea avisó al Ejecutivo español de su preocupación por el posible impacto en la banca, instando además a “corregir el decreto andaluz”. El 10 de julio el Gobierno ofreció abrir una “vía de diálogo informal” sobre el asunto a la Junta de Andalucía, aunque el secretario de Política Municipal del PSOE andaluz, Francisco Conejo, ha criticado al Ejecutivo por dar “un golpe de muerte” al decreto al recurrir ante el TC, demostrando según él, que “desperdicia la vida” y que “no le importa en absoluto el futuro de las familias”.