SANIDAD

El TSJM paraliza el proceso de privatización en Madrid

Por Ana Pascual Ases3 min

Sociedad10-07-2013

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado en un auto paralizar provisionalmente el proceso de externalización de seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid a empresas privadas para recoger información sobre algunos extremos del concurso, hasta que la semana que viene tome la decisión de ratificarla o no, una vez la Consejería de Sanidad haya alegado lo que considere oportuno. La decisión del TSJM ha respondido a la petición del Partido Socialista de Madrid (PSM) de paralizar el proceso por el que se pretende “externalizar” la gestión de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo.

La sección tercera de lo contencioso administrativo ha aceptado las denuncias pedidas el PSM de adoptar una medida cautelar urgente para “suspender provisionalmente la ejecución de la resolución del 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de asistencia sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid” porque existen circunstancias de “especial urgencia”. En esa resolución se hacía pública la convocatoria para la licitación de servicios denominados ‘Gestión por concesión del servicio público de la atención especializada correspondiente loas hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo’, y que suponía el inicio de su privatización. La demanda de los socialistas se basaba en que la fianza que debían presentar las empresas adjudicatarias, el grupo puertorriqueño Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas, fue modificada a última hora para favorecer a las empresas. El PSM explicó que la fianza es el dinero que debían ingresar las empresas por si en cualquier momento no cumplían con las condiciones expuestas en el contrato, pero sólo cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, la Comunidad de Madrid cambió la fianza bajo el concepto de “corrección de errores”. La garantía estaba fijada a un 5% del valor del contrato, pero la Comunidad incluyó la palabra “anual” en el texto, lo que significa según el PSM que la corrección “permite a las empresas adjudicatarias aportar una garantía que está infinitamente por debajo de las penalizaciones que se pueden imponer por la Administración, lo que además de ir abiertamente contra la legalidad, pone a la Administración en clara situación de riesgo ante una caso de insolvencia o de imposición de penalidades por incumplimiento contractual”. Los socialistas acusaron a la Consejería de Sanidad haber aceptado una fianza que “contraviene” lo dispuesto en la ley nacional. Ahora el TSJM ha considerado que esa modificación “pudiera exceder el ámbito de rectificación de un simple error material, siendo evidente que la cuantía de la fianza contractual varía sustancialmente según sea del 5% del importe total de adjudicación del contrato o del importe anual”. Con la decisión que ha tomado el Tribunal el proceso de “externalización” queda suspenso y la Comunidad de Madrid dispone de tres días para presentar alegaciones al respecto de la medida cautelar. Una vez recibidas las alegaciones, el TSJM se reunirá para determinar si mantiene la suspensión o si la levanta. Un proceso de este ámbito puede tardar en resolverse hasta dos años, según han confirmado fuentes jurídicas, pero la Comunidad pretendía que el nuevo modelo de gestión público-privada estuviese implantado después del verano. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha declarado que la suspensión provisional “es un paso importante para la paralización de la privatización y desmantelamiento de la sanidad madrileña”, Gómez se ha mostrado “muy satisfecho” por la decisión del TSJM. Por su parte, el portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, ha afirmado que les “parece normal que en un Estado de Derecho un tribunal pida la documentación sobre la que existe un objeto de discusión”. El pasado 8 de mayo el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso inconstitucional presentado por el POSE contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para 2013 que prevé la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, consideró que el trámite del recurso no tenía “ningún efecto de suspensión ni paralizaba nada”, así como que los socialistas sabían “perfectamente que eso” era “absurdo” y que “hay leyes que amparan” la privatización.