CASO NOÓS

Polémica por un informe de Hacienda sobre la Infanta Cristina

Por Irene Flores Ruiz3 min

España18-06-2013

Negaciones, errores y aclaraciones es lo que está suscitando un informe realizado por Hacienda a petición del juez Castro sobre la posible venta de un total de 13 fincas por parte de la Infanta Doña Cristina. La polémica se solucionará en los juzgados. El documento que ha sido desmentido por la Infanta, le atribuía un beneficio de alrededor 1,4 millones de euros derivados de la venta de inmuebles entre los años 2005 y 2006.

En concreto, el abogado de la Infanta, Miquel Roca Junyent, ha señalado, este martes, que la Agencia Tributaria ha cometido un error pero ha informado que no presentará ninguna querella al respecto. Además, ha indicado que confía en los procedimientos judiciales y se ha mostrado partidario de que la Fiscalía investigue las hojas registrales de cada uno de las supuestas fincas que fueron vendidas por la Infanta. Por su parte, Hacienda se negó, el lunes pasado, a aclarar las dudas suscitadas por este documento pero algunos técnicos del ministerio de Hacienda señalaron la existencia de algún error, lo que provocó que el juez de Palma abriera una investigación aclaratoria al respecto. El juez pide que se remitan las hojas registrales de los inmuebles que han sido mencionados en el documento. Además, por un periodo corto de tiempo, la Agencia Tributaria emitió un comunicado que se publicó en su página web en el que pedía disculpas por cualquier error que se haya podido cometer y atribuía el mismo a notarios y registradores. En efecto, afirma que los datos que han sido facilitados al juez instructor del caso proceden de terceras personas y que la Agencia hizo un traslado de los datos sin que hayan podido ser valorados jurídicamente y tributariamente. Sin embargo, notarios y registradores, que afirmaron que es posible que hubiera habido algún error, señalaron que no era muy probable que el fallo se repitiera en cada una de las ocasiones en las que hubo que certificar la venta de inmuebles como en el caso del de Valenzuela de Calatrava en Ciudad Real, del de San Juan y Pilar de la Horadada en Alicante y del de Calella en Barcelona. Además, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmó, el pasado lunes, que la Fiscalía Anticorrupción analizaría el informe. Las reacciones al respecto no tardaron en llegar. Los partidos del PSOE y IU exigieron al ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas aclaraciones pero éstas no llegaron a producirse. Este martes ha sido el turno de CiU y de UPyD. En concreto, el portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Libre, ha pedido explicaciones al gobierno por el error de bulto que difícilmente es creíble de atribuir la venta de trece fincas por parte de la Infanta poco después de que se produjera la compra por 5,8 millones de euros del domicilio en el barrio de Pedralbes. "Deberían hacer una reflexión muy importante y tener en cuenta que los españoles a veces nos equivocamos sin querer. Eso la legislación tributaria no lo contempla y cuando te equivocas sin querer la acción de la agencia es implacable", se ha quejado Sánchez Llibre. Por su parte, la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha afirmado que el documento acerca de las propiedades de la Infanta es una chapuza y ha exigido responsabilidades políticas y profesionales. Además, ha subrayado que la polémica suscitada requiere explicaciones con urgencia por parte de Cristóbal Montoro ya que no basta con decir que no se ha enterado de lo ocurrido. La polémica por este informe se remonta a finales de mayo cuando el juez Castro pide a Hacienda que investigue a la Infanta para conocer si ha incurrido en delitos de blanqueo de capitales y con la Agencia Tributaria. El 29 de mayo, el juez Castro exige ampliar la investigación fiscal entre los años 2002 y 2012. Además, durante estos días están llegando declaraciones de los propietarios de los inmuebles supuestamente vendidos que subrayan que la Infanta no les vendió la casa en la que, actualmente, residen.