CASO CAMPEÓN

El juez pide el suplicatorio para juzgar a José Blanco

Por Ana Pascual Ases3 min

España07-06-2013

El juez que instruye el caso Campeón en el Tribunal Supremo, Juan Ramón Soriano, ha pedido el suplicatorio al Congreso para imputar formalmente y poder sentar en el banquillo al ex ministro de y ex vicesecretario general del PSOE, José Blanco, tras haber encontrado indicios de que cometió un delito de tráfico de influencias cuando era ministro de Fomento, y no por el delito de prevaricación que también le imputaba el fiscal, para que el alcalde del PSC le diera una licencia municipal a su amigo el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, para construir una nave próxima al Ayuntamiento del Prat. La decisión no es firme y deberá ser ratificada por la Sala de lo Penal del Supremo, ya que Blanco ha declarado que la recurrirá.

El magistrado ha explicado que quiere elevar el suplicatorio al Congreso de los Diputados contra Blanco, “salvo mejor parecer de la Sala”, así como, ha rechazado que se actúe contra el ex ministro por un delito de prevaricación, aunque en el auto ha considerado “procedente estimar parcialmente tal pretensión”, por lo que se ha reservado “el derecho al Ministerio Fiscal para que en lo sucesivo pueda acusar por tal delito”. ¬ En la resolución Soriano ha destacado la “capacidad de influir” del ex ministro, “en una autoridad que pertenece a un partido hermano, habiendo encomendado la realización de los contactos a un Secretario de Estado de su departamento que sí pertenecía al mismo partido que el Alcalde de Sant Boi de Llobregat, el PSC, aunque no se conocieran”. El juez ha recordado que “la jurisprudencia ha entendido que la afinidad política y el desempeño de ciertos cargos de tal naturaleza puede constituir una forma de presión o influencia en la persona que tiene que dictar la resolución”. El auto también ha señalado que Orozco buscó “otras vías” para obtener una licencia para construir una nave industrial en el municipio barcelonés de Sant Boi, puesto que “los informes negativos del técnico del ayuntamiento” suponían “un desembolso económico importante”. Soriano ha considerado “determinante” el cambio de actitud del Ayuntamiento de la ciudad barcelonesa después de las reuniones que Orozco mantenía con el alcalde socialista, Jaume Bosch, “provocadas por Blanco”. El magistrado ha destacado las conversaciones telefónicas que desvelan el interés de Blanco en la relación a la licencia ambiental del Ayuntamiento de San Boi que su amigo y consejero delegado de Azkar requería para instalar una nave de la empresa, así como ha recalcado que las reuniones que mantenían “buscaban una solución política al tema cuando la razón denegatoria de la licencia tenía su base en el incumplimiento de las condiciones técnicas”, ha señalado el juez. La resolución no es definitiva, puesto que el ex ministro ya ha presentado recurso contra ella, en el caso de que la Sala Penal del Supremo la confirme, el Congreso deberá decidir si autoriza el enjuiciamiento de Blanco. Fuentes cercanas a Blanco han explicado que se recurrirá el auto a la Sala, y que confían en que la acusación decaiga, “primero se habló de cohechó y de tráfico de influencias, luego de prevaricación y de tráfico de influencias, y ahora ya sólo de tráfico de influencias y con una argumentación que no compartimos”, han afirmado. Por su parte, el ex ministro y actual diputado ha confirmado que no piensa dimitir porque, como ya anunció, sólo lo hará “el hipotético día que se dicte apertura del juicio oral”. Para el entorno de Blasco, la acusación del juez se basa en un informe policial que contiene muchas lagunas y cabos sueltos, y que no se corresponden con una acusación de tal gravedad. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido rotundo en cuanto al tema, asegurando que “sigue poniendo la mano sobre el fuego” por Blanco, pero no se ha pronunciado sobre si considera que el ex ministro debería renunciar a su cargo de diputado, remitiéndose a anteriores declaraciones en las que ha defendido su continuidad en el Congreso. El caso Campeón dio sus primeros pasos en mayo de 2011, y el ex ministro de Fomento apareció en escena cuando fue acusado por el empresario Jorge Dorribo por cobrar 400.000 a cambio de agilizarle trámites ante los ministerios de Economía y Sanidad para su empresa, Laboratorios Nubel. El entonces número dos del PSOE negó las acusaciones, pero el Supremo decidió abrir un proceso penal contra él, y por el que es investigado por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.