ESTADOS UNIDOS

El Gobierno de EEUU espía las llamadas de los ciudadanos

Por Ana Pascual Ases3 min

Internacional06-06-2013

El periódico británico The Guardian ha informado a través de su página digital que el diario ha tenido acceso a una copia de la disposición judicial emitida en abril de 2013, por la cual se exige a Verizon, una de las compañías más grandes de país, que facilite “de manera” continua y “a diario” a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos (EEUU), información de todas las llamadas de teléfono, tanto internas como entre EEUU y otros países. El periódico ha explicado que, en virtud de esta orden judicial, debían ser entregados los números de teléfono de los dos comunicantes, el lugar de la llamada, así como su duración, aunque no el contenido de la conversación.

La orden judicial fue firmada por el magistrado Roger Vinson, miembro del tribunal secreto que emite órdenes judiciales a petición de las autoridades, órdenes que tenían el objetivo de investigar a una persona o a un grupo específico durante un tiempo concreto, pero no acceder al registro de todos los clientes de una compañía telefónica. La orden expira el 19 de julio de este año, pero las autoridades tienen el poder de solicitar su extensión si lo desean, pero no permite a la NSA la posibilidad de escuchar las conversaciones de todos los clientes de Verizon. La Corte extranjera de Vigilancia de Inteligencia (Fisa) ha sido la encargada de conceder la orden al FBI el pasado 25 de abril, con lo que ha facilitado al Gobierno una autoridad ilimitada para obtener los números que intervienen en cualquier llamada de cualquier teléfono de la empresa, el lugar y la hora en que se efectuaban, así como su duración. Según ha indicado The Guardian, la procedencia de la información que se facilita a la NSA es inusual, ya que en general las órdenes emitidas por la Fisa se relacionan con una persona determinada, ya sea porque es sospechoso de ser miembro de un grupo terrorista o porque es agente de otro país. Los expertos han advertido que, aunque no se escuchen las conversaciones de las llamadas, los datos permitirían a la NSA construir un retrato de la red de contactos de cada cliente y de los lugares que frecuenta. El artículo del diario ha añadido que la orden judicial prohíbe a Verizon que revele al público la existencia de la petición del FBI, e incluso del dictamen judicial. Aquellos que se oponen al espionaje han considerado que el Gobierno podría haber obtenido permisos para acceder también al registro de llamadas de otras compañías, así como han recordado que es imposible saber si es la primera vez que Verizon se ve obligada a cumplir con esta orden judicial. Estas revelaciones podrían abrir un debate sobre el alcance del espionaje que realiza el Gobierno de Barack Obama en EEUU, puesto que se trata de un extremo que demuestra que el presidente ha mantenido el programa de espionaje que lazó su predecesor tras los atentados del 11S. Bajo la anterior administración del ex presidente de EEUU, George W. Bush, los funcionarios de las agencias de inteligencia han revelado a los periodistas que la NSA recopilaba datos, pero que es la primera vez que una orden judicial secreta demuestra que esta práctica continúa llevándose a cabo en el Gobierno de Obama, ha aclarado The Guardian. Hasta el momento se desconoce si la compañía telefónica Verizon es la única afecta por esta medida judicial, así como tampoco se sabe si el periodo que cubre la disposición, de tres meses, supone un caso aislado. The Guardian ha subrayado que ha intentado ponerse en contacto con la NSA, la Casa Blanca, y el Departamento de Justicia para que pudiesen hacer declaraciones al respecto, pero no han obtenido repuesta alguna. Pero la Casa Blanca ha defendido el programa por el que ha accedido al registro de millones de llamadas de personas con dos argumentos, el primero es que el procedimiento ha sido necesario para seguir la pista de tramas terroristas, y el segundo, es que dispone de la aprobación de un juez y de los miembros de la comisión de inteligencia del Senado, los cuales conocían los detalles, pero no podían desvelarlos a la opinión pública. La Casa Blanca ha reiterado que el Gobierno no tiene permitido “escuchar las llamadas” a menos que se emita otra orden judicial para ello. Los activistas han exigido una explicación al programa que han considerado como un abuso contra el derecho a la intimidad.