NAVARRA

Imputan a Miguel Sanz y Enrique Maya por el cobro de dietas

Por Ana Pascual Ases2 min

España02-04-2013

Desde que se inició la investigación llevada por Paz Benito, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, Miguel Sanz ya había sido imputado tras la denuncia el colectivo Knotuz por la gestión que llevó a la desaparición de Caja navarra como entidad financiera. Maya y Miranda formaron parte junto a Sanz de la permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, un ente que tardó un año en aparecer en los estatutos de la caja y cuya existencia desconocían los miembros de la propia Junta ordinaria, también formaba parte de esa permanente la presidente foral Yolanda Barcina, a la que no se ha citado a declarar puesto que es aforada.

Los imputados han de comparecer en el juzgado los días 12, 15 y 16 de abril por el cobro de las dietas en Caja Navarra, en el auto emitido por la juez Paz Benito hace dos semanas ya se apuntó la posibilidad que se hubiera cometido un delito de cohecho, pero en el auto que ha emitido esta mañana la juez no les ha acusado de ninguno. En el mismo auto que dictó se rechazó remitir a la Audiencia Nacional la investigación de las dietas y se señaló que el cobre de estas cantidades tenía “un sustento cuanto menos dudoso”, pero que “el pago y cobro” de ese dinero no constituyen un delito societario, “sino que podrían constituir un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por comisión cuya competencia se atribuye a este Juzgado”. En el auto se explicó que “las personas que estaban recibiendo pagos presuntamente injustificados eran las mismas que debían llevar a cabo la labor de inspección de la gestión de la entidad pagadora y la definitiva calificación que se realice de ellos dependerá del curso de la causa”, además de apuntar que el cobro de “importantes cantidades” se realizó por asistencia a sesiones dobles y triples donde “tenían por objeto únicamente darse por enterados de que no había habido ningún acuerdo nuevo por parte de los órganos de gobierno de la entidad” y sin que hubiera “ningún tipo de participación activa” por parte de los asistentes a la Permanente. La juez ha solicitado al departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra las autorizaciones que existieran para efectuar dichos cobros de dietas por asistencias y desplazamientos, “y condiciones en su caso para percibirlas, así como cualquier otra condición o presupuesto que pueda haberse establecido para su cobro”, ya que según la normativa, es el ejecutivo navarro quien debe encargarse de las labores de inspección de las entidades financieras radicadas en su territorio. Barcina, Maya y Sanz han anunciado que devolverán las dietas recibidas de Caja Navarra, Sanz ha anunciado que pretende devolver alrededor de 39.000 euros, los cuales ingresará en la Fundación de la Obra Social de CAN. Maya ha anunciado que devolverá 12.000 euros, y Barcina hará una devolución de unos 68.500 euros. El resto de grupos políticos han considerado que la instrucción judicial deja en una complicada situación a la presidenta Barcina y que por ello piden su dimisión, pero los imputados han declarado que “nuestro nombre y el de la formación política a la que representamos no puede quedar empañado”, y que por esa razón respetan la instrucción judicial y estarán “a lo que digan los tribunales”. Las dietas suponían unos ingresos de 1.717 euros por reunión para cada asistente, exceptuando al entonces presidente del Gobierno, Sanz, quien cobraba el doble. Los encuentros se realizaban de forma encadenada en un mismo día con menos de una hora de duración y consistían en la lectura por parte del secretario de Caja Navarra de informes sobre distintos avatares financieros sin que ningún miembro interviniera.