Justicia

Los jueces acusan al Gobierno de querer privatizar el Registro Civil

Por Diego Ruiz1 min

España07-12-2012

Ante la preparación de una nueva ley para el registro civil por parte del Gobierno, la asociación de “Jueces para la Democracia” (JpD) ha denunciado que el Gobierno esta preparando una Reforma Integral de los Registros. Esta reforma supondrá para la JpD una “Intensa privatización” del Registro Civil que obligará a todos los ciudadanos a pagar “aranceles por obtener certificados a los registradores de la Propiedad y a lo Registradores Mercantiles”.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, aseguró que el anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros supone un “cambio sustancial, que provocará que los registros civiles dejen de ser un servicio público y pasen a depender de los Registradores de la Propiedad y de los Registradores Mercantiles”. Jueces para la Democracia, ve muy contradictorio la inversión de 128 millones de euros para la modernización, informatización y digitalización de los registros Civiles para que ahora el Gobierno utilice esta oportunidad para asignarla a la “gestión privada con efectos lucrativos para sus gestores”. Algo que esta asociación avisa de lo que “supondrá un gravamen económico para l ciudadanía y sólo aportará beneficios a determinados colectivos”. Por su parte el Ministerio de Justicia garantizó “la gestión pública del Registro Civil” desde el momento que se apruebe el anteproyecto, de cara a “descongestionar” los Juzgados y Tribunales. Esta reforma pretende unificar todos los Registros además de “desjudicializar” el Civil que se previó en la Ley 20/11 del 21 de julio del Registro Civil, que no entraba en vigor hasta el 2014. El ministerio ya trabaja en un texto donde aclararán que el Registro Civil estará en manos de los registradores (funcionarios públicos del Estado). Una labor que supondrá el aumento de sus deberes, aunque no recibirán ninguna contraprestación económica por ello. En este texto se garantizarán que tanto la inscripción de nacimiento como las actas de defunción, seguirán siendo gratuitas para todos los ciudadanos. A día de hoy, estas gestiones suponen el 60 por ciento de las realizadas; otro 20 por ciento corresponde a los trámites de nacionalidad. Según Justicia, un millar de registradores de la propiedad han ayudado a “descongestionar” todas las peticiones de nacionalidad atrasadas. Este atraso burocrático, provocó el colapso de 400.000 solicitudes.