Tribunales

Entra en vigor el "tasazo" de Gallardón

Por Diego Ruiz2 min

España21-11-2012

La nueva Ley de tasas judiciales publicada en el BOE, establece que habrá que pagar por acudir a la Justicia. Esta tasa oscilará entre los 100 y los 1.200 euros, a estas cifras hay que sumar un porcentaje del 0,25 por ciento o del 0,50 por ciento en función del importe económico de los litigios.

Esta medida pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional además de aportar una mayor cantidad y calidad de recursos debido a la mejora de la financiación. Según el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, estas tasas no impiden el acceso social a la justicia. La cantidad de las tasas variará según el orden jurisdiccional civil. Por ejemplo, un concurso tendrá como tasa unos 200 euros, mientras que una apelación costará 800 euros. Otro ejemplo sería un contencioso por una herencia. En este caso para el inicio del juicio el demandante tendría que abonar 300 euros de la tasa fija al ser un juicio ordinario más la tasa variable dependiendo del valor de la herencia. En este caso se trata de una casa valorada en 600.000 euros con lo que habría que abonar un 0,5% al estar por debajo del millón de euros. En total 3.300 euros para que el proceso se ponga en marcha. En el caso de las órdenes contencioso-administrativas, las cantidades a pagar pueden oscilar entre 200 euros hasta los 1.200 en caso de que se produzca una casación de la sentencia. En caso de orden social la suplicación supondrá el pago de una tasa de 500 euros y su casación 750. Todos estos casos pueden variar dependiendo de las variables que se añadirían, 0,5 por ciento para los pleitos y 0,25 por ciento para el resto, con un máximo variable de 10.000 euros. Este “tasazo” de Gallardón, supone la ley más polémica. Una ley que ha encontrado una fuerte oposición en muchos sectores. Uno de estos sectores es la asociación de jueces y fiscales ya que esta medida deja en excepcional la actuación de los jueces sustitutos y de los magistrados suplentes, además de elevar el trabajo de los titulares. La reducción de los permisos de los jueces se ve también modificada con esta nueva ley. Por su parte, el PSOE anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. Una disyuntiva que el Gobierno defiende en su publicación del BOE asegurando que la Ley "expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella". El Ministerio Fiscal, la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los organismos públicos dependientes de todas ellas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, quedan exentos de pagar los “tasazos” de Gallardón