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Crisis económica

El euro por receta, inconstitucional según el Consejo de Estado

Por Diego RuizTiempo de lectura1 min
Sociedad15-11-2012

El euro por receta médica es anticonstitucional, según ha considerado el Consejo de Estado. En comunicado emitido, el Estado entiende que se rompe el principio de igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a los medicamentos. Las comunidades autónomas no pueden incidir “ni directamente ni indirectamente en la fijación de los precios de los medicamentos”, según explica un dictamen que responde a una consulta del Ministerio de Hacienda. La decisión del Consejo de Estado ha contado con tres votos particulares que consideran que no existen argumentos suficientes para considerar inconstitucional la tasa del euro por receta.

El gobierno conocía desde el pasado mes de junio este dictamen pero ni recurrió al Constitucional ni pidió la suspensión cautelar de la medida. Argumenta que prefirió agotar la vía de la negociación. Lo cierto es que los catalanes llevan desde el 23 de junio pagando un euro por receta. Además el dictamen, en uno de sus apartados señala la desigualdad que el impuesto supone al comprar las medicinas. "Esta desigualdad puede venir sin duda provocada por la exigencia de una tasa al obligar a los ciudadanos que adquieran los medicamentos en su ámbito territorial a realizar un desembolso mayor que el que deban afrontar en otras partes del territorio del Estado". La tasa del euro por receta es muy polémica y ha sido objeto de críticas no solo por los partidos de la oposición en Cataluña y Madrid. El gobierno junto con su presidente Mariano Rajoy, manifestó su oposición a esta medida. La vicepresidenta del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó su desacuerdo en una entrevista radiofónica. "A mí no me gusta el euro por receta" señaló la vicepresidenta. Un descontento que ha provocado que el PP estudie recurrir la medida al Tribunal Constitucional. Mariano Rajoy, por su parte ha propuesto negociar con los gobiernos de Cataluña y Madrid. El euro por receta que se implantó en Cataluña en julio, será implantado también por el gobierno de Madrid a partir de enero. Recuerdan que este fin no es una medida recaudatoria, sino preventiva.