CORRUPCIÓN

Matas alarga la lista de políticos imputados

Por Pablo Romero2 min

Economía22-03-2012

Matas no es el primero ni el último. La lista de presidentes autonómicos juzgados la abre el socialista Demetrio Madrid, presidente de la Junta de Castilla y León entre 1983 y 1986. Once trabajadoras de la empresa textil de la que era propietario interpusieron una querella que motivó su dimisión. Tras la imputación en 1990 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le absolvió.

Gabriel Urralburu (PSOE), presidente de Navarra entre 1984 y 1991, fue encarcelado en 1995 por el caso Otano. Una trama en la que se le acusaba de haber cobrado comisiones ilegales en obras públicas durante su mandato. Urralbu, que fue el primer presidente autonómico que pasó por la cárcel, salió bajo libertad provisional en 1998. Fue condenado a once años de prisión por el mismo delito y otros dos contra la Hacienda Foral y al pago de una multa de 4,69 millones de euros. En 2001, el Supremo redujo su condena a cuatro años, si bien mantuvo los nueve años de inhabilitación y la multa. De las filas populares salió Gabriel Cañellas, quien fue presidente autonómico de las Islas Baleares de 1983 a 1995. Dimitió por el caso Calviá, imputado de cohecho y prevaricación por el supuesto cobro de comisiones en la concesión de infraestructura pública y del Túnel de Sóller. En 1997 fue absuelto de ambos delitos. José Marco (PSOE), presidente autonómico de Aragón de 1993 y 1995, dimitió antes de ser juzgado y condenado en junio de 1995 a trece meses de cárcel y seis de inhabilitación por malversación de caudales y falsedad en documento público en el que se denominó el caso del Sillón. En 1998, fue nuevamente condenado por el caso de los Espías a nueve meses de prisión, dos de inhabilitación y a devolver 90.000 euros. No ingresó en prisión por un cambio en el Código Penal. También Carlos Collado (PSOE), que estuvo al frente de la Región de Murcia de 1984 a 1993, dimitió por supuestas irregularidades de fondos públicos en el caso Casa Grande, del que fue absuelto en 1997por el Tribunal de Cuentas. El único de un partido minoritario (Unión para el Progreso de Cantabria) y quizás el más popular, fue Juan Hormaechea, presidente autonómico de Cantabria entre 1987 y 1995. Fue condenado en 1994 a seis años de prisión y siete años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo confirmó en 2004 la condena de tres años de cárcel y trece de inhabilitación. Los casos más recientes son los de Juan José Ibarretxe (PNV), presidente autonómico del País Vasco entre 1999 y 2009, que declaró como imputado en enero de 2007 por haberse reunido en abril del año anterior con representantes de Batasuna y Patxi López (PSOE), actual presidente del País Vasco.