DESAHUCIOS

El Gobierno admite la dación en pago en algunas circunstancias

Por Alberto Carretero Aguado2 min

Sociedad22-02-2012

El Gobierno ha propuesto este miércoles que las familias situadas en el “umbral de la exclusión”, cuyos miembros estén todos en el paro y no tengan prestación por desempleo puedan saldar su deuda con el banco entregando su vivienda, es decir, acogiéndose a una “dación en pago”. Además, estas familias podrán salvarse del desahucio, ofreciéndoles un periodo de carencia. Se permitirá que las familias con inmuebles embargados sigan ocupándolos durante al menos dos años.

Estas medidas normativas han sido presentadas en el Congreso por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, con el objetivo de reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social. Además, el ministro ha completado su propuesta con un código de buenas prácticas que adoptarán las entidades financieras de forma voluntaria. Como contrapartida, estas entidades recibirán un incentivo que consiste en permitirles incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas derivadas de la dación en pago. Los sectores afectados están estudiando las medidas y definiendo el perfil del colectivo en el umbral de exclusión social, formado por familias con todos sus miembros en paro y sin prestación por desempleo. Además, las viviendas con posibilidad de embargo deben ser las primeras y únicas residencias de las familias afectadas. El ministerio velará por el cumplimiento de la normativa y la prevención de fraudes. Luis de Guindos ha propuesto también una mejora del mercado de ejecuciones hipotecarias, aumentando en agilidad y transparencia. Para ello, se fomentarán las ejecuciones extrajudiciales, la creación de una base de datos informatizada de las ejecuciones y las subastas online. Además, está previsto atenuar los intereses moratorios para las personas en el umbral de exclusión y que las entidades financieras cubran un determinado porcentaje de la diferencia entre el valor de tasación y el precio ajustado finalmente en la subasta. El PSOE se ha mostrado escéptico ante estas medidas por la no obligatoriedad de cumplimiento para las entidades financieras. La banca española se ha comprometido a analizar junto a la Administración medidas que permitan mitigar la situación que padecen las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social para evitar la ejecución y desahucio de las viviendas. No obstante, la Asociación Española de Banca (AEB), ha subrayado que cualquier reforma del marco normativo “debe hacerse con mucho cuidado para no introducir distorsiones en un mercado hipotecario que ha funcionado históricamente bien y ha servido para financiar la vivienda a 85 % de las familias españolas”. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha apoyado las medidas del Gobierno, pero ha pedido eliminar los obstáculos para aplicar los planes específicos que ya tienen las entidades. Sin embargo, la organización de consumidores FACUA se ha mostrado más crítica y ha calificado de “inaceptables” estas medidas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) también ha rechazado la propuesta por generar falsas expectativas.