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Sociedad

Aprobado el anteproyecto de ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna

Por Caterina Crespo Tiempo de lectura2 min
Sociedad13-05-2011

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, con el que pretende garantizar los derechos de los pacientes en situación terminal y sus familiares así como dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que les atienden. Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, destacando que con esta norma se pretende que todos los ciudadanos "afronten sus últimos días con dignidad y el menor sufrimiento posible, con independencia del lugar donde residan". Tras el visto bueno del Ejecutivo, el anteproyecto de ley se remitirá al Consejo de Estado y resto de órganos consultivos, y se presentará a las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial. El anteproyecto es una norma que pretende aclarar los derechos de los pacientes en situación terminal y las obligaciones del personal sanitario que los atiende.

La ley consagra los derechos a renunciar a un tratamiento médico y al uso de sedaciones terminales aun a costa de acortar la agonía y acelerar la muerte. El texto también reconoce el derecho del paciente a que, en la etapa final de su vida, se preserve su intimidad y la de su familia, a que esté acompañado y a que se le permita recibir el auxilio espiritual que solicite conforme a sus creencias. La ley establece que, al menos en la fase de agonía, el enfermo podrá pasarla en una habitación individual. Hasta ahora, la mayor parte de estos derechos estaban recogidos en la ley de autonomía del paciente de 2002 pero tras estudiar casos concretos han aconsejado elaborar otra ley más concreta. La coordinadora de Política Social del PP y ex-ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha afirmado este viernes en Santander que "lo que los españoles necesitan no es una muerte digna" sino tener "una vida digna hasta el final de sus días". Según las previsiones de Sanidad, el objetivo es que la ley, que entrará en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pueda aprobarse antes de que acabe el año, teniendo en cuenta que la tramitación parlamentaria suele demorarse entre cuatro y seis meses. La ley que pretende aprobar el Gobierno consagra el derecho a la información asistencial, a la toma decisiones, al tratamiento del dolor, a la voluntad anticipada o testamento vital y al acompañamiento e intimidad en los últimos días de vida. Pajín ha recalcado que en la elaboración de esta iniciativa han participado expertos, asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios, por lo que su pretensión es que alcance el mayor consenso posible durante su tramitación parlamentaria. A pesar de que el PSOE había incluido en su programa electoral de 2004 la creación de una comisión parlamentaria para estudiar la eutanasia, el debate no se ha abierto ni se incluyó el tema en el plan para su mandato de la legislatura que termina el año que viene. En este sentido, Pajín ha destacado que la ley "no despenaliza ni la eutanasia ni el suicidio asistido. Lo que hace es asegurar que la intervención sobre el paciente evite el ensañamiento terapéutico y el sufrimiento innecesario".Una encuesta de finales de 2010 recogía que el 97,3% de los responsables de colegios profesionales estaba de acuerdo en aplicar tratamientos para eliminar el dolor aunque estos acorten la vida del paciente. La primera comunidad en aprobarla fue Andalucía y después Aragón.