PACTO ANTITERRORISTA
El Gobierno podrá disolver los ayuntamientos que exalten a ETA
Por Cristóbal Cabezas Martín
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España16-03-2002
La medida más importante acordada entre los componentes del Pacto Antiterrorista consistió en la posibilidad de deshacer las corporaciones municipales en las que sus órganos de gobierno den cobertura o apoyo, enaltezcan o justifiquen al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, así como en el caso de que se menosprecie o humille a las víctimas o a sus familiares o se impida el ejercicio de algún concejal.
Esta medida, que tiene como objetivo a los ayuntamientos más beligerantes de Batasuna, busca aumentar la seguridad para proteger a los ediles vascos amenazados por ETA y aislar a Batasuna (antiguo Herri Batasuna). Otra decisión aprobada por el PSOE, a propuesta del PP, residía en la presentación de mociones en el Parlamento y ayuntamientos vascos para que todas las instituciones del País Vasco retiren las subvenciones a Batasuna, tal y como ha sucedido en el Congreso y el Senado. Además, PP y PSOE convinieron que todas las medidas que se tomen conjuntamente sobre el aislamiento a Batasuna se lleven a la mesa vasca de partidos para que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) también participe en ellas. La tercera novedad pactada fue la creación de un fondo público, bajo control presupuestario, que pretende financiar tanto a los escoltas de los concejales como los permisos laborales y las vacaciones de los ediles amenazados por ETA. El PSOE propuso que la ley de financiación de partidos lo recoja. Este fondo público no contradice la posibilidad de que existan ayudas privadas, que se canalizarán a través de fundaciones como la de Víctimas del Terrorismo. La Comisión del Pacto Antiterrorista consiguió un acuerdo generalizado sobre las medidas de respaldo a los ediles presentadas en los documentos del PP y PSOE. Así, los ayuntamientos se personarán como acusación particular en los procedimientos penales por delitos contra concejales. La comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista se reunirá el día 25 de marzo para aprobar definitivamente el texto de las reformas legales.