CAOS AÉREO

Los controladores se rebelan ante “el decreto de la discordia”

Por Javier M. Fandiño3 min

España04-12-2010

¿Deberían ser sancionados los controladores aéreos que no sean capaces de justificar su abandono de trabajo? Desde la tarde del viernes hasta la mañana del sábado un 70 por ciento de los controladores aéreos se han declarado en rebeldía bajo unas supuestas “bajas por enfermedad”. La realidad es bien diferente y su huelga coincide con la aprobación de un decreto por parte del Consejo de Ministros que determinaba su horario laboral a 1.670 horas con un máximo de 80 extraordinarias. El colectivo aéreo ha lanzado un nuevo órdago al Gobierno.

Madrid, Barcelona, Asturias, Mallorca, Santander… la huelga de controladores aéreos deja incomunicada a España y “boicotea” el puente de la Constitución a 330.000 personas. Y estas cifras sólo contemplan el viernes. Los controladores aéreos pretenden, de este modo, presionar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y sus medidas para recortar el salario y limitar las horas de trabajo a un colectivo que cobra de media más que el resto de países de Europa pero su productividad es menor. Tal y como aseguró el ministro de Fomento, José Blanco, cada uno de estos profesionales tenía un sueldo medio de 370.000 euros anuales, más del doble de la media de la Unión Europea. Una cifra desorbitada, y más en tiempos de crisis. Por ello, las medidas del ministro de Fomento para reducir a la nada desdeñable cifra de 200.000 euros anuales el salario de la profesión y acabar con el convenio que mantiene con AENA que les permite realizar 600 horas extraordinarias de trabajo para impulsar a cifras astronómicas sus beneficios, se han encontrado con la oposición del colectivo que parece mantenerse en constante rebeldía en los últimos meses. Si ya la semana pasada algunos controladores aéreos de Galicia dejaron de trabajar porque aseguraban sobrepasar las horas fijadas por ley, no se puede olvidar el amago de huelga del mes de agosto que llegó a ser apoyado por un 98 por ciento del colectivo como respuesta a un nuevo decreto regulador de la jornada laboral. No obstante, al final decidieron dar marcha atrás realizando “un ejercicio de responsabilidad” y mostrando su preocupación por “no dañar el sector turístico”. Este conflicto se encontraba enmarcado en un ambiente hostil desde el mes de junio, en el que las compañías aéreas acusaron a los controladores de provocar retrasos y cancelaciones en los vuelos. Para las compañías, la explicación era clara: era una reacción de protesta a que en el mes de abril había entrado en vigor una nueva ley aprobada por el Consejo de Ministros que devolvía a AENA la gestión y el control del tráfico aéreo, cuando desde marzo de 1999 estaba en manos de los propios controladores. En el último mes, las noticias que llegan al colectivo no son para nada esperanzadoras y el 1 de diciembre el presidente de Gobierno anunció en el Congreso de los Diputados la privatización parcial del 49 por ciento de AENA, considerando que el Estado podría ingresar con ella cerca de 9.000 millones de euros. Como recoge la Constitución, los controladores aéreos pueden ejercer su derecho de huelga y manifestar su descontento. No obstante, no es legal el procedimiento “imprevisto” empleado esta vez, puesto que la huelga debe ser avisada y cumplir unos servicios mínimos. De este modo, como reconoce el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, todo aquel controlador aéreo que no sea capaz de justificar su ausencia en su puesto de trabajo entre la tarde del viernes y la mañana del sábado se le puede aplicar la Ley de Navegación Aérea, pudiendo ser condenado entre seis y ocho años de cárcel. Sin embargo, todos aquellos que retomen su puesto de trabajo no podrán ser condenados.