HUIDA DE GARZÓN

Garzón pide su traslado al Tribunal Penal Internacional de la Haya

Por Esteban del Pozo2 min

España11-05-2010

Pasar de las manifestaciones en torno a su persona, a la tranquilidad de una oficina; de estar imputado, a viajar para investigar crímenes de Estado. Esto son unas de las cosas con las que se encontrará el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, si el presidente del Tribunal Penal Internacional, Ángel Juanes, acepta la petición de traslado del español.

Si finalmente dan el visto bueno a la solicitud de Garzón, se trataría de una baja momentánea. El magistrado español no perdería su plaza como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. El cambio, en un principio, solo sería por un período de siete meses. Este es el plazo que el fiscal argentino del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, le ha ofrecido a Garzón para que trabaje como asistente, en concreto como consultor externo, en su oficina en La Haya. Esta petición es la que ha usado el juez española para, a través de una carta, presentar la solicitud. Según esa misiva, fechada el 6 de mayo de 2010, la intención del fiscal Moreno Ocampo es aprovechar la “experiencia de Garzón en la investigación de crímenes organizados y masivos”. El órgano encargado en dar el sí final a este movimiento es el Consejo General del Poder Judicial, que ya cuenta con un informe favorable a esta acción de Ángel Juanes. El juez ha pedido al órgano de gobierno de los jueces que le declare en situación de servicios especiales, solicitud que será estudiada por la Comisión Permanente de ese órgano. De prosperar su solicitud, Garzón trabajaría en La Haya aunque eventualmente podría desplazarse a Congo, Uganda o Colombia, países que están siendo investigados por el Tribunal Penal Internacional. Las causas de Garzón en España Actualmente, Garzón se encuentra imputado en el Tribunal Supremo por tres delitos. Uno de ellos por intervenir sin ningún tipo de consentimiento las conversaciones privadas en la cárcel a imputados del caso Gürtel con sus abogados. Otro de ellos se da por las subvenciones que el Banco Santander, previa petición de Garzón, le otorgó a los cursos que impartió en Nueva York y unos meses después el juez archivó una causa contra la entidad financiera. Además de todos ellos está el más polémico de todos por supuesta prevaricación en su intento de juzgar los crímenes del franquismo a pesar de las leyes de amnistía de la transición. Apoyándose en la ley de memoria histórica comenzó una investigación en la que pidió el acta de defunción del general Franco, hasta que después de desobedecer al CGPJ, el Supremo le inhabilitó en ese caso. Una denuncia del sindicato manos limpias le ha puesto contra las cuerdas de la justicia y le ha valido la imputación del Supremo por prevaricación. Esto ha provocado la ira de la izquierda que se ha manifestado en las calles apoyando a Garzón y calificando al Tribunal Supremo de “fascista”. La huida de Garzón supondrá un enfriamiento social en este tema aunque tenga que venir a declarar cuando le citen.