ATAQUE AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Detrás del ataque al TC hay un cuestionamiento de las reglas democráticas

Por Rocío López2 min

España28-04-2010

Cataluña anhela su Estatuto y no ha dejado de exigir y esperar su aprobación en el Tribunal Constitucional. Por otra parte, y a sabiendas de la inconstitucionalidad de muchos artículos del mismo, se enfrenta la legitimidad del TC frente a los votos del Parlamento Catalán y el Congreso nacional. Y en medio de todo se encuentra la gran polémica de si los miembros del Tribunal Constitucional valen para su puesto debido a que algunos de ellos han agotado su mandato.

Los ataques contra el Tribunal se han sucedido desde hace tiempo tanto en la esfera política como en los medios de comunicación, y todo por una no-sentencia de dicho órgano. Sean o no sean eficientes en sus deliberaciones, está claro que su actividad es legítima y no se debe dudar de su competencia, especialmente al tratar un asunto tan controvertido como es el Estatuto de Cataluña. Se necesita tiempo para analizar todos los puntos, y sus constitucionalidad, de un estatuto que puede acercar más a los catalanes a un estatus de mayor autogobierno que las demás comunidades. El Estatuto ya está aprobado en todos los órganos judiciales por los que tenía que pasar, incluso la población catalana dio su visto bueno en el pasado referéndum con casi un 74 por ciento de los votos emitidos a favor. Pero hay que destacar que la participación ciudadana no llegó a penas al 50 por ciento. Sin embargo la imposible cuestión de legitimarlo en el Tribunal Constitucional hace también evidente su dificultad. De hecho, la última propuesta votada no se habría salvado de ninguna manera, ni los catalanes la habrían querido, por haber eliminado de ella temas esenciales como la nación, el idioma y la Justicia. Por lo tanto, los ataques contra los magistrados no tienen ninguna cabida en una situación como esta, donde se quiere llegar a un consenso, y cuya única finalidad es la de crear polémica y exigir los deseos del pueblo catalán. Pero el Estado Español no funciona así, y los magistrados tendrán que tomarse el tiempo necesario, independientemente de lo que los catalanes opinen, pues sus ataques suponen una presión injustificada en un tema muy delicado de tratar, tanto para la identidad española como para la catalana. Suponen además una falta de respeto a los órganos del Estado y un intento de dividir aún más a España. Esto supondría que el poder tanto legislativo como ejecutivo estaría por encima del poder judicial. Algo totalmente contrario a la base de una democracia y un Estado de Derecho en el que la ley y la justicia están por encima de las leyes y sólo así se asegura de que no se puedan aprobar leyes injustas que vayan contra el derecho natural y la dignidad de las personas y los pueblos.