PROTESTA CIUDADANA

Tres millones de firmas contra el canon digital

Por Alejandro Serrano2 min

Comunicación12-02-2010

Con la campaña "El canon mata la cultura", las asociaciones de internet quieren sensibilizar a los ciudadanos sobre "lo que hacen los políticos y también los jueces", porque estos últimos "permiten que sea una entidad de gestión privada la que decida quién puede escuchar la radio y cuánto cuesta, lo que nos parece asombroso, y encima en un régimen de monopolio".

Junto a esta protesta, también se ha anunciado el lanzamiento de una campaña que invita a los afectados por este gravamen a poner esquelas en sus establecimientos. El presidente de la Asociación Española de Internautas, Víctor Domingo, y el de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, han explicado a los periodistas que ahora que se estudia la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es "el momento oportuno" para reclamar la retirada del canon. Un impuesto que, según Pérez Subías, "afecta a familias y a negocios medianos y pequeños", por lo que su retirada "puede hacer mucho en favor de la economía sostenible y de la cultura". "Estamos hablando de economía sostenible, se introduce una ley que podrá cerrar páginas web en cuatro días y se deja de lado el canon digital que pagamos todos y que, según los últimos informes de la Comisión Nacional de la Competencia, se reparte entre muy poquitos", ha asegurado. Recordmos que el canon digital es una cantidad de dinero, parecido a un impuesto, que se aplica a todos los equipos y soportes electrónicos y que se justifica legalmente como "una compensación a cambio del derecho a realizar copias privadas de los contenidos que adquirimos legalmente" tal y como se recoge en el Artículo 25 (Compensación equitativa por copia) introducido en la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Los ciudadanos pagan cada vez que compran un producto electrónico que ya incorpora el canon, los fabricantes y/o distribuidores pagan lo recaudado por este concepto a entidades privadas de gestión, y éstas a su vez, de una forma arbitraria, se quedan con una parte de lo recaudado y el resto se distribuye entre un número limitado de autores y propietarios de estos derechos. Esta plataforma está promovida por 32 organizaciones sociales, 29 ayuntamientos que han aprobado en pleno su adhesión a la misma, además de casi 5.000 colectivos que agrupan a 1,2 millones de personas y 1,1 millones de ciudadanos que han respaldado la iniciativa a título personal con su firma.