INMIGRACIÓN
Varapalo a la nueva Ley de Extranjería
Por Javier M. Fandino
3 min
España17-01-2010
La Ley de Extranjería parece condenada al debate. Dos meses después de que el Parlamento haya aprobado la reforma de la Ley de Extranjería, el Ayuntamiento de Vic reabre la polémica y demuestra las lagunas de una ley inestable desde el Gobierno de José María Aznar. Cuatro modificaciones en los últimos ocho años son suficientes para afirmar que los políticos no encuentran la fórmula adecuada.
La política de inmigración del Gobierno se ha encontrado con un nuevo opositor, el Ayuntamiento de Vic. El veto al empadronamiento de los “sin papeles” propuesto por CiU, PSC y ERC muestra las lagunas de la Ley de Extranjería española que lleva cojeando desde la polémica modificación por parte del PP en el año 2000. La Ley de Extranjería ha sido modificada cuatro veces en los últimos ocho años. La polémica ha estallado dos meses después de que el Parlamento aprobara su reforma en noviembre de 2009. La nueva ley, sacada adelante gracias al apoyo de PSOE, CiU y Coalición Canaria, anunciaba un viraje hacia una política de inmigración más restrictiva por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras el fracaso del “papeles para todos” anunciado por el ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, predecesor de Celestino Corbacho. La cuarta reforma ofrecía un mayor control de las entradas y salidas de los extranjeros, preveía nuevas infracciones para evitar conductas fraudulentas y aumentaba la cuantía de sus sanciones económicas. Del mismo modo, reconocía como infracciones muy graves el trabajar sin permiso o no darse de alta en la Seguridad Social. La expulsión supondría la prohibición de entrada en el país en un periodo de cinco años como máximo. Asimismo, la reforma contemplaba aspectos como la educación, considerando el derecho de enseñanza hasta los 18 años y la asistencia jurídica gratuita, el reconocimiento de derechos de reunión, asociación y huelga por parte de los extranjeros residentes en el país y mejoraba las condiciones de protección de las mujeres extranjeras maltratadas ofreciendo una serie de facilidades. La nueva ley se presentaba además como un baluarte de la lucha contra los matrimonios de conveniencia y ampliaba de 40 a 60 días el plazo de internamiento de los inmigrantes. En definitiva, la ley pretendía corregir “los elementos que discriminaban y tenía como objetivo conseguir una inmigración legal y ordenada”, según afirmó en el Congreso de los Diputados el ministro socialista de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Ochos años de inestabilidad En vigor desde febrero del 2000, la Ley de Extranjería se mantuvo íntegra durante poco más de nueve meses, modificándola el PP tras ganar las elecciones en marzo de ese año. Las polémicas medidas populares limitaban los derechos de la población ilegal inmigrante, prohibiendo sus derechos de reunión, huelga y asociación, así como abriendo la posibilidad de que los “sin papeles” fueran repatriados. El Gobierno de José María Aznar decidió modificar de nuevo la Ley en el año 2003, retocando una veintena de los cerca de 70 artículos integrantes. La reforma suponía un mayor control sobre la entrada y salida de los inmigrantes y reformaba la respuesta del poder judicial ante los delitos de los inmigrantes. La victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones del 14-M de 2004 anunció un cambio drástico en la política de inmigración del Gobierno de España. La aprobación de la reforma de la Ley Orgánica 4/2000 supuso la regularización masiva de inmigrantes ilegales. La nueva reforma vino acompañada de una llegada masiva de “sin papeles” a España, convirtiendo al país en el principal receptor de inmigrantes de la UE.