EDUCACIÓN
La decisión del Supremo no convence a todo el mundo
Por Ana Sellers
1 min
Sociedad28-01-2009
Las asociaciones que se oponen a la asignatura de educación para la ciudadanía consideran que han perdido la batalla pero no la guerra. De hecho, aseguran que continuarán intentando acabar con la asignatura en los más altos tribunales.
Los padres han perdido el apoyo institucional del que gozaban con respecto a educación para la ciudadanía. Tras la decisión del Tribunal Supremo con respecto a esta asignatura, los gobiernos autonómicos y los colegios han decidido enterrar el hacha de guerra. Los gobiernos de La Rioja, Valencia y de Madrid afirman que los niños ya no podrán faltar a clase. Castilla y León esperará a que el Tribunal Superior de esta comunidad autónoma retire las medidas cautelares concedidas a los alumnos insumisos hasta que se alcance una solución. Los padres descontentos, por su parte, pretenden llevar la insumisión hasta el final. Durante meses, se han sucedido fallos contradictorios sobre este tema en los tribunales superiores de Justicia de las diferentes comunidades autónomas. Por esta razón, la disputa ha llegado al Supremo que ha decidido acabar con las objeciones de conciencia ya que considera que educación para la ciudadanía no es una asignatura adoctrinadora. El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estado deliberando durante más de dos días. Al final, ha decidido por 22 votos a favor y siete en contra que será obligatorio cursar la asignatura. El Supremo, así, ha tirado por tierra los intentos por parte de los Tribunales Superiores de Andalucía y Asturias para abolir la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía. En ambas comunidades, los padres podían elegir que sus hijos estudiaran o no dicha materia. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, está satisfecha con la decisión del Supremo, "es una asignatura como las demás". Además advierte que ninguna administración educativa puede dejar de cumplir las leyes y que tienen que cumplir la sentencia del Supremo. Sin embargo, la discusión no está zanjada. Las asociaciones opositoras tienen intención de utilizar el contenido de los libros de texto para luchar contra la asignatura.





