EDUCACIÓN
50.000 padres continúan luchando contra EpC pese a la decisión del Supremo
Por Tamara Santos
2 min
Sociedad28-01-2009
La batalla entre quienes pretenden impartir la asignatura de educación para la ciudadanía (EpC) y los 50.000 padres detractores, no ha finalizado a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo.
La asignatura ha sido cuestionada desde que el actual Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero decidiese ponerla en marcha. Esta materia obligatoria, tiene como objetivo la educación ética y moral de los más pequeños. En su programa se contemplan valores como el desarrollo de la libertad, solidaridad, formación ciudadana basada en el respeto, dignidad. Sin embargo, hay quienes consideran que lejos de ser una asignatura cívica, se trata de un adoctrinamiento de ideas progresistas vinculadas al actual partido en el poder en el gobierno español. Ante tales circunstancias numerosas familias y organizaciones acusan a la disciplina de violar los derechos humanos. Son muchos los detractores que se acogen al artículo 27.3 de la Constitución Española, donde se designa a los padres como únicos autores responsables de la educación religiosa y moral de sus hijos. Con tales argumentos las familias comenzaron a movilizarse pidiendo la objeción de conciencia, es decir, la no obligatoriedad de cursar la materia. A pesar de ello, el Tribunal Supremo ha rechazado, tras dos días y medio de reflexión, la posibilidad de objetar la asignatura. El argumento principal es que los padres siguen teniendo el derecho fundamental de educar a sus hijos. De esta manera, todos los Gobiernos autonómicos y sus colegios deben cumplir la nueva orden establecida. Los sectores favorables a la decisión del Supremo, se reafirman en el artículo 27.4 de la Constitución Española, recordando la obligatoriedad de la enseñanza básica, y el 27.2 que afirma la importancia de esta para el desarrollo de los derechos y libertades fundamentales. Según datos de los Gobiernos autonómicos, son unos 50.000 los padres objetores, 7.000 de los cuales tendrán que acceder a la decisión del Tribunal Supremo este mismo año. Pese a la negativa con la que se han encontrado, los más inconformistas piensas llevar el asunto incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aludiendo a que la conciencia está por encima de la ley.