FRANCIA
Siete personas son detenidas por espiar a un ex candidato presidencial
Por Luis Miguel L. Farraces3 min
Internacional19-10-2008
Tenía todos los ingredientes con los que una buena película de intriga debe contar: detectives privados, policías, un oscuro empresario dispuesto a acabar con la reputación de un político incómodo para la marcha del negocio y un departamento de Asuntos Internos que acaba con los planes del complot. Sólo faltaron las persecuciones y los disparos, pero el escándalo de espionaje en torno a la figura de Oliver Besancenot, líder comunista galo, es digno de Hollywood.
Siete personas, entre ellas varios agentes de Policía, fueron detenidas la pasada semana en Francia acusados de participar en una trama de espionaje contra Besancenot que acababa en el despacho de una importante compañía de armas. Las raíces del caso datan de la campaña presidencial del pasado año, cuando Besancenot, el candidato más fuerte de la extrema izquierda francesa (llegó a cosechar el cuatro por ciento de los sufragios), comenzó a criticar la inminente adopción de pistolas paralizantes Taser por parte de la Gendarmería y la Policía Nacional. Un arma no letal a priori que al ser disparada contra una persona es capaz de infringir una descarga eléctrica de hasta 50.000 voltios. Posicionándose claramente en contra de dotar de dicho equipamiento a las fuerzas del orden galas, Besancenot apadrinó un informe que denuciaba que las Taser eran las responsables directas de más de 150 muertes en Estados Unidos. Sus afirmaciones desataron toda una oleada de críticas contra la medida del Gobierno, algo que no sólo le catapultó a la primera página de los medios de comunicación, sino que ponía en peligro un suculento negocio para SMP Technologies, la fabricante de la pistola eléctrica. Un riesgo empresarial que Antoine Di Zazzo, el director de la distribuidora de la Taser en Francia, no podía permitir. Comedido, Di Zazzo decidió imponer en un primer momento una querella contra Besancenot por difamación. Sin embargo, el máximo responsable de SMP decidió que el desprestigio al que se enfrentaban sus productos a raíz de los comentarios del líder comunista sólo podían combatirse con otra campaña de desprestigio contra Besancenot. Pero para llevar a cabo un plan de tales características es necesario recabar información. Mucha información. El cerco en torno a Besancenot Hace apenas unos meses el diario francés L`Express comenzó a denunciar un flagante caso de espionaje contra el líder comunista galo entre octubre de 2007 y enero de 2008. Según las informaciones del rotativo, de las que se ha nutrido la Justicia para efectuar las detenciones de la pasada semana, Besacenot estaba siendo víctima de un seguimiento por parte de una oficina de detectives privados propiedad del ex policía Gérard Dussaucy. Unos documentos hallados en el despacho de Di Zazzo revelaron que SMP había pagado más de 4.000 euros a la empresa por los servicios prestados: escuchas telefónicas, fotografías con teleobjetivo, control de las actividades diarias tanto de Besancenot como de su compañera sentimental, seguimiento personal, etc. L´Express, que llegó a publicar un informe filtrado, mostró además cómo los detectives conocían a qué guardería acudía el hijo de la pareja, sus edad e incluso sus costumbres. La Policía, también involucrada Pero no sólo el sector privado se involucró en el seguimiento al entorno de Besancenot. El escándalo de espionaje se hizo incluso más grave cuando se descubrieron extractos de los movimientos de las cuentas bancarias de Besancenot, una información a la que tan sólo puede acceder la Policía. Ello apunta a que Di Zazzo sobornó a determinados agentes para conseguir su contrato con las Fuerzas de Seguridad a toda costa, algo que por cierto consiguió. Sin embargo, pese a su éxito con la Administración, Di Zazzo fue imputado la pasada semana junto con otras seis personas (entre ellas un agente de aduanas y dos agentes de Policía detenidos por el Departamento de Asuntos Internos) en un caso de "violación del secreto profesional", "desviación de fondos", "divulgación intencionada de datos confidenciales" y "acceso fraudulento a un sistema de tratamiento automatizado de datos." Todos los sospechosos fueron puestos en libertad con cargos a las pocas horas de su detención, pero deberán hacer frente a penas que podrían llegar a los 375.000 euros de multa y cinco años de prisión.