ETA

ANV Y PCTV serán ilegalizadas por subordinarse a ETA y sufragar a Batasuna

Por Angie Rigueiro4 min

España01-02-2008

La Sala del 61 del Tribunal Supremo y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ya tienen en su poder los argumentos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para inhabilitar a ANV y PCTV. En total son cuatro demandas de ilegalización y dos solicitudes de suspensión en las que se recaba numeroso material que prueba la vinculación entre estas dos formaciones abertzales con Batasuna-ETA.

El no condenar actos terroristas, la estrategia política de las obras del Tren de Alta Velocidad, la contratación a responsables de la ilegalizada Batasuna y la colaboración económica de ambas formaciones con Batasuna han sido los datos clave, según la Fiscalía, para instar a la ilegalización. El Ministerio Público ha incorporado en su escrito ante el TS el auto del juez Garzón referido al registro de la sede del PCTV. En éste se encontraron pruebas de conexión de este partido con ANV que acreditan la conexión con la estrategia de ETA en contra de las obras del TAV (la conocida como ‘Y’ vasca) en el País Vasco. “La postura de ANV en esta materia era totalmente coincidente con los postulados de la organización terrorista, basados en la amenaza y la intimidación”, alega la demanda. En cuanto a las pruebas que la Fiscalía ha presentado ante el alto tribunal para la ilegalización del PCTV se incluyen también la contratación a responsables de la ilegalizada Batasuna. Entre los primeros dirigentes de Batasuna que fueron dados de alta en la Seguridad Social se encuentran dos responsables de la actual Mesa Nacional del partido ilegalizado, el encargado de comunicación, Juan José Petrikorena, y el responsable institucional Asier Imaz. A ellos siguió la contratación de otros integrantes de la ilegalizada Batasuna que pasaron a estar a nómina del PCTV también en 2006. El texto de la demanda de ilegalización revela también la existencia de cuentas de Batasuna que se nutrían de fondos proporcionados por el PCTV. Un ejemplo fue la abierta por el responsable de Batasuna Angel María Elcano destinada a financiar la organización de una manifestación celebrada en abril de 2006 en Bilbao, donde se vendieron bonos de ayuda para hacer frente a las fianzas impuestas a los líderes ¬batasunos¬ Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena y Juan María Olano. Otro punto significativo de las demandas elaboradas por los servicios jurídicos del Estado es el intento por demostrar que todos estos indicios corresponden a los trabajos de investigación realizados después de las últimas elecciones municipales del 27 de mayo en las que ANV se pudo presentar parcialmente. Esta cuestión se aprecia especialmente a la hora a relacionar a ambas formaciones con Batasuna-ETA por la no condena de los atentados terroristas. Pese a que no censuraron nunca la actividad de la banda, la Fiscalía alega que en el caso de ANV, antes de las elecciones municipales, este comportamiento, "no satisfacía entonces la exigencia de reiteración o acumulación" que exige la Ley de Partidos para establecer que una formación está sirviendo a los intereses de organizaciones terroristas. Pero “de modo paulatino” se han identificado “plenamente con el discurso y la estrategia de los partidos ilegales", añade la demanda. El fiscal ha añadido que "tras una inicial ambigüedad calculada respecto de los actos terroristas de la banda ETA", los miembros de ANV "han minimizado las acciones violentas de los terroristas, para terminar asimilando el discurso clásico de Batasuna". Un ejemplo de conductas de apoyo a ETA en algunos representantes electos de ANV se puede apreciar, según la Fiscalía, tras los atentados en la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas o el asesinato de dos guardias civiles en la localidad francesa de Capbreton. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Además de presentar estas demandas de ilegalización ante el TS por la Fiscalía General del Estado y por la Abogacía del Estado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional también ha solicitado a Baltasar Garzón la suspensión de cualquier actividad relacionada con Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) al considerar que ambas formaciones actúan como "instrumentos de ETA". El fiscal ha pedido suspender estas actividades por un mínimo periodo de cinco años, además de retirar el derecho a presentarse como candidaturas, a las listas electorales, el embargo y bloqueo de sus cuentas y la clausura temporal de sus locales. El Ministerio Público solicitó que estas medidas sean ejecutadas a la mayor brevedad posible o al menos antes al 11 de febrero, fecha que finaliza el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones del 9 de marzo. La vinculación directa con la banda terrorista se ha demostrado a través de uno de sus integrantes, Sergio Lezcano, que “realizaba tareas de propaganda de Batasuna y del PCTV y percibía retribuciones desde las cuentas de la formación legal”, según la Fiscalía.