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COMISIÓN EUROPEA

España, condenada por no europeizar su normativa del mercado eléctrico

Por Paula Escalada MedranoTiempo de lectura2 min
Economía24-06-2007

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha condenado a España por no haber adoptado la norma europea para la liberalización del mercado de la electricidad en el plazo establecido.

En el año 2003 la Comisión Europea (CE) acordaba poner en práctica un plan para lograr la liberalización del mercado de la electricidad en Europa. El nuevo plan establecía normas comunes para todos los países en materia de generación, transporte, distribución y suministro de electricidad. También definía las normas de acceso al mercado, los criterios y procedimientos aplicables a las licitaciones y concesión de las autorizaciones, y la explotación de las redes. Todo ello con un objetivo claro: lograr que aumentara la competencia entre las diferentes empresas y con ello disminuyeran las tarifas. Para que los diferentes países europeos adaptaran esta norma a sus legislaciones se les dio un plazo que vencía el 1 de julio de 2004, momento en el que se debía abrir a la competencia el mercado eléctrico para consumidores industriales. Pero cuando llegó el momento, 18 miembros, entre ellos España, todavía no habían adoptado la norma y Bruselas les abrió expediente a finales de 2004. La CE abrió un procedimiento de infracción contra España que ha concluido con la actual sentencia, que condena al país a pagar las costas judiciales. Una vez conocida la decisión del Tribunal, fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio han asegurado a la agencia de noticias EFE que el Congreso ya ha traspuesto la directiva sobre el mercado interior de la electricidad ya que, durante los últimos años, España ha avanzado en la liberalización de los mercados energéticos. Según ésta cartera, el trabajo realizado, los avances, se demuestran en la aprobación de las nuevas leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos que adaptan a su ordenamiento jurídico las normas europeas. Por esta razón, el ministerio cree que con la normativa nacional existente ya se cumplen ampliamente los objetivos perseguidos por Europa y que por tanto la sentencia de la CE en la práctica no surtirá ningún efecto.