CIERRE DE DELPHI
El Gobierno español contacta con las autoridades de Estados Unidos
Por Beatriz Pérez Morán
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Economía24-03-2007
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, ha asegurado que en el mes que ha transcurrido desde el anuncio del cierre de la factoría Delphi en Puerto Real (Cádiz) “se han establecido contactos con las autoridades de Estados Unidos para conocer los problemas que plantea la casa Delphi”, en suspensión de pagos y en proceso de liquidación.
En respuesta por las continuas críticas que ha recibido la Administración de José Luis Rodríguez Zapatero por marginar económicamente la zona de la Bahía de Cádiz, Clos ha destacado que el Gobierno ha apoyado actuaciones y proyectos en los municipios de la Mancomunidad de la Bahía con más de 93 millones de euros desde 2005. De ellos, 73 millones fueron en forma de préstamos reembolsables y otros 20, como subvenciones finales. El ministro también ha aprovechado la ocasión para recordar que “el Gobierno ha venido apoyando iniciativas generadoras de empleo y riqueza, y gran parte de esta ayuda ha ido a la Bahía de Cádiz”. Aun así, la provincia sigue situándose en la cabeza de la lista de desempleados y la situación ha empeorado tras las crisis en los astilleros y en la planta de Airbus, además de en la de Delphi. La planta de Delphi ya ha presentado la solicitud para ser declarada en concurso bajo la ley de insolvencia española. Antes de entregar dicha petición, Delphi ha obtenido el compromiso de su matriz estadounidense de proporcionar fondos adicionales a la planta española con el propósito de abonar las indemnizaciones a las que los trabajadores de Puerto Real tienen derecho. El presidente del comité de empresa, Antonio Pina, ha afirmado que los trabajadores ya esperaban esta decisión y que se trata de “un paso más” en el proceso de cierre de la compañía. Mientras, el consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ha anunciado que la Junta de Andalucía se personará en el proceso concursal. La intención del Ejecutivo andaluz es la de acudir a este concurso para, según explica el consejero, “defender mejor los intereses de los trabajadores y de la Junta a la hora de lograr el objetivo de mantener la actividad en la factoría y, por tanto, los empleos”.