CORRUPCIÓN

El tráfico de votos sacude al consistorio canario de Mogán

Por Nacho Fernández Gutiérrez3 min

España26-01-2007

Nuevamente, el foco de la corrupción enfoca al archipiélago canario. El municipio grancanario de Mogán es el nuevo protagonista de la fuerte asimetría entre políticos y ciudadanos. Esta vez, nada de pelotazos urbanísticos. La nueva artimaña ha sido la compra de votos con empadronados ficticios.

El escándalo salía a la palestra a comienzos de la semana pasada. El Ayuntamiento de Mogán, donde rige el PP, se convertía en un nuevo capítulo de la ya popular serie de corruptelas que han marcado los últimos meses. El alcalde, Francisco González, era detenido junto a cuatro personas más: la primera teniente de alcalde, Onalia Bueno García; el secretario del Ayuntamiento, Ángel Sutil Nesta; Manuel de León Toledo, colaborador de la primera teniente de alcalde y Manuel Martín Artiles, antiguo consejero de Urbanismo, pues gozaba ya de su jubilación. A estas cinco personas se les imputan principalmente los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias, según expuso el Tribunal Superior de Justicia canario. Disipado el clima de confusión que acompaña a los primeros días de conocimiento público del escándalo, las pesquisas policiales han descubierto el enviciado asunto que culpabiliza a los responsables del consistorio moganesco: la compra de votos. Las investigaciones señalan a Manuel de Toledo como la persona que realizó el trabajo sucio, auspiciado siempre por su superiora, Onalia Bueno. El modus operando fue posible a través de la gestión de una serie de apartamentos turísticos por León. Ambos idearon un plan para conseguir votos ilegalmente para el PP. León ofrecía a sus clientes temporales de apartamentos –sin importar la duración de la estancia - empadronarlos oficialmente en Mogán. Para dar consistencia a su artimaña, les ofrecía un simulacro de contrato de alquiler no turístico, sino de larga duración, lo que demostraba su arraigo en el municipio y, por tanto, su derecho a votar en las elecciones municipales. Entre ambos, tramitaban todo el papeleo. El turista, ya fuera extranjero o peninsular, aceptaba porque lograba la reducción del 50 por ciento en los vuelos a la península que se otorga a los ciudadanos canarios. León les exigía a cambio que dieran su voto al Partido Popular en las próximas elecciones. Sin embargo, los indicios de sospecha mantuvieron a la policía en plena alerta y grabó, durante diez meses, los escurridizos movimientos de esta operación. Por ahora, el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de San Bartolomé de Tirajana decretó el pasado viernes la libertad sin fianza para el alcalde, José Francisco González, aunque le mantiene los cargos por seis presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio y del medioambiente, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y malversación de caudales públicos. Onalia Bueno García también quedó en libertad sin fianza, aunque con cargos de siete presuntos delitos: prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, posible delito electoral relacionado con falsedad documental y, por último, posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. De momento, la frase pronunciada esta semana por el alcalde de Alhaurín el Grande, detenido por corrupción urbanística hace más de diez días: "tras mi detención tiene que haber miles de alcaldes en toda España preocupados".