ESTATUTO CATALÁN

Plan Ibarretxe y Estatuto Catalán, distintos destinos para un mismo fin

Por La Semana.es2 min

España16-10-2005

“El pueblo vasco tiene derecho decidir su futuro”. Así comenzaba el preámbulo del proyecto de reforma de Estatuto del País Vasco, mientras que el del Estatuto Catalán reconoce “el derecho de los ciudadanos catalanes a decidir libremente su futuro como pueblo”.

Dos maneras muy similares de referirse a la autodeterminación, sin embargo, el conocido como el Plan Ibarretxe fue rechazado en el Congreso de los Diputados con la oposición del Partido Socialista (PSOE) y del Partido Popular (PP), mientras que el Estatut será aceptado a trámite por la misma Cámara, esta vez, con la única oposición del PP. Pero las similitudes entre la propuesta de reforma vasca y catalana van más allá del preámbulo. También hay semejanzas a la hora de definirse. En el Estatut se rompe con el término de “nacionalidad” con la que se denominaba a Cataluña en el texto de 1979 para adoptar la polémica categoría de “nación” que choca frontalmente con la Constitución. También contrasta con la Carta Magna del 78 la forma que tenia de considerarse al País Vasco en el Plan Ibarretxe, “una comunidad vasca asociada al Estado español bajo la denominación de Comunidad de Euskadi”. Para ambos textos, la lengua castellana ya no es de obligatorio conocimiento para los ciudadanos vascos o catalanes tal y como recoge la Constitución española. Para el Plan Ibarretxe “el euskera tendría como el castellano, carácter de lengua oficial” y los habitantes de Euskadi tendrían tan sólo “el derecho” de usar ambas lenguas. Del mismo modo, en el Estatut se reconoce el derecho y la obligación de usar ambas lenguas, (el catalán y el castellano) que pasarían a gozar del mismo modo de oficialidad. Otro de los asuntos que más polémica generó en las negociaciones previas a la aprobación del Estatuto de Cataluña fue la reclamación de los derechos históricos. Para ello, el Parlamento catalán propone una relación con el Estado de carácter bilateral. Con el mismo fin, la fórmula empleada por el Plan Ibarretxe era establecer “un nuevo pacto de convivencia de libre asociación con el Estado español”. En cuanto a la justicia, tanto la Lehedakaritza como la Generalitat no han esperado a ver como evoluciona la propuesta del Gobierno de crear los consejos judiciales autonómicos. Desde ambas instituciones, proponen la creación de ese organismo para cada comunidad que pasaría a apropiarse de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se convertirían en la última instancia judicial en detrimento del Tribunal Supremo. El presidente del Gobierno prometió en su día que las Cortes Generales aprobarían, a la primera, el texto de reforma estatutaria que saliese del Parlamento catalán. Esa puede ser la única explicación ante el distinto destino que han corrido dos reformas que se asemejan tanto en sus puntos más fundamentales.