INICIO DEL CURSO POLÍTICO

La Conferencia de Presidentes autonómicos, pendiente de la deuda sanitaria

Por Alejandro Requeijo4 min

España03-09-2005

Objetivo: paliar el déficit sanitario de 4.000 millones de euros anuales. Esa es la meta que se han marcado tanto el Ejecutivo como los distintos líderes regionales de cara a la Conferencia de Presidentes autonómicos prevista para el próximo 10 de septiembre. No obstante, aunque el fin es el mismo, las discrepancias sobre como afrontarlo amenazan con un fracaso a la hora de alcanzar un acuerdo.

A menos de una semana para la cita, las diferencias no se dan solo entre populares y socialistas, sino también entre el Gobierno y sus socios, e incluso entre las distintas comunidades gobernadas por el mismo partido. La de todos los presidentes autonómicos reunidos con el líder del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, es una de las imágenes más esperadas dentro de un inicio de curso político marcado por las visitas de Rajoy e Ibarretxe a la Moncloa y las ruedas de contactos entre partidos. Pero en esta ocasión, no bastará con la foto para que la conferencia sea un éxito. Esta vez, la crisis sanitaria obliga a los asistentes a buscar una solución. La financiación de la Sanidad ya provocó el retraso de la cumbre inicialmente fijada para el mes de julio. Pasadas las vacaciones, los representantes de las ocho comunidades gobernadas por el PP amenazaron con no asistir si no se presentaba una “propuesta seria” sobre el tema. Finalmente acudirán, aunque ponen una serie de condiciones de cara a la negociación. Exigen a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, un catálogo de prestaciones mínimas que debe garantizar en todo el Estado. En cuanto a la fórmula para subsanar la deuda, los populares abogan por mantener el modelo vigente pero aumentando la dotación del llamado Fondo de Cohesión sanitario. No obstante, el Gobierno presentó un borrador sobre su propuesta de financiación distinto al actual. Consiste en subir hasta un 10 por ciento los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, la posibilidad de subir hasta dos puntos el que grava la electricidad y una aportación transitoria del Estado de 1.000 millones de euros en dos años. Unas medidas que no tardaron en generar todo tipo de reacciones. Desde el PP, su líder Mariano Rajoy, tildó la iniciativa de “broma” y de “chapuza“. La presidenta de la comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, anunció que se negaba a aplicar el incremento de impuestos. Por su parte en Cataluña, el Gobierno tripartito (PSC, ERC e IU) lo considera insuficiente y asegura que presentará su propia propuesta. Tampoco sentó bien en otras comunidades socialistas como Extremadura donde su presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se mostró contrario por “motivos ideológicos”. Andalucía tampoco lo acepta mientras que el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, no ocultó sus reticencias. Todas estas reacciones obligaron a Ejecutivo a recordar el carácter no oficial de la propuesta y aseguraron que se retiraría si las comunidades no lo aceptaban. “La retiraremos porque no se trata de torturarnos ni de torturar a nadie y si las comunidades no quisieran esta solución para el problema que padecen, el Gobierno no lo va a imponer y escucharemos las fórmulas que nos sugieran“ aseguró en rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo, Maria Teresa Fernández de la Vega. Pero la falta de entendimiento no acaba ahí. Existe otro problema que atañe al reparto del dinero que aporte el Estado. Comunidades como Madrid, Valencia (ambas gobernadas por el PP) y Cataluña piden un reparto en función del aumento de población. Pero otras como las socialistas Castilla- La Mancha y Galicia (PSOE y BNG) o la popular Castilla y León abogan por que se tengan en cuenta la dispersión de población y el envejecimiento de sus habitantes. Cada vez es menos el tiempo que resta para la cumbre y el acuerdo dista mucho de alcanzarse. Estatuto valenciano y Debate de las autonomías Pero además, la agenda política del mes de septiembre incluye la posibilidad de que el Estatuto valenciano sea revisado. La única reforma que de momento ha conseguido unir a populares y socialistas ha sido cuestionada ahora por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, quien ha denunciado la inconstitucionalidad de algunas de sus cláusulas. Concretamente la llamada cláusula Camps en la que se establece que el valenciano tendrá las mismas competencias que el resto de estatutos. La revisión, que tendría lugar a mediados de mes, todavía es una posibilidad porque tanto el PP como el PSOE de la Comunidad valenciana se niegan. También se opone Rajoy quien en más de una ocasión ha defendido este texto como un buen modelo de hacer reformas. Más adelante, los presidentes autonómicos se volverán a ver las caras en el Congreso con el presidente del Gobierno. Será con motivo del Debate del Estado de las Autonomías previsto para la penúltima semana de septiembre. Fue un anuncio de Zapatero aunque de momento no ha sido convocado oficialmente. Se trata de una cumbre en la que los distintos líderes regionales tienen la oportunidad de exponer al presidente sus quejas y sus exigencias al tiempo que éste les va contestando de manera individual. El PP ya ha anunciado que se centrarán en el modelo territorial. A diferencia de la Conferencia de Presidentes autonómicos, este debate será publicó y su devenir dependerá en gran medida de cómo se desarrolle este agitado inicio de curso político.