TRIBUNALES

Las diferencias de criterio con su jefe alejan a Vargas del ¬caso Ercros¬

Por Mª Jesús Torres1 min

España06-09-2001

Asociaciones de fiscales y distintos grupos políticos ven en la medida una "sanción encubierta" y no creen que se trate sólo de un problema de discrepancias sino más bien de una estrategia del Gobierno para proteger al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué.

El ministro de Exteriores era uno de los directivos de la empresa Ercros cuando ésta vendió su filial Ertoil. El fiscal Vargas propuso imputar a Piqué y que declarara por los delitos de apropiación indebida, alzamiento de bienes y delito fiscal. Su proyecto fue respaldado por 12 votos frente a dos en la Junta de fiscales de su sección pero el fiscal jefe de lo Penal consideró que el ministro no debía ser llamado a declarar. El caso pasó entonces a juzgarse en la Audiencia Nacional y no en el Tribunal Supremo, donde se habría resuelto si Piqué hubiera estado imputado. El ministro acudirá ahora a declarar ante la Audiencia en calidad de testigo. Aunque las distintas asociaciones de fiscales coincidieron en que esta medida entra dentro de las atribuciones del fiscal general del Estado, la consideraron "insólita" y "bastante poco habitual". La Unión Progresista de Fiscales (UPF) fue más allá y la calificó de "sanción encubierta". Según esta asociación, pretende "el silencio y la pasividad del Ministerio Fiscal en los procesos contra quienes gobiernan" llegando a "sacrificar los principios constitucionales de objetividad e independencia con que deben actuar los fiscales". La UPF hasta pidió la dimisión de Cardenal. La oposición acusó al Gobierno de utilizar a Cardenal para defender a Piqué y solicitó la comparecencia del fiscal general ante el Congreso para explicar sus decisiones. Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida (IU), acusó al fiscal general del Estado de haberse convertido "en el brazo armado del presidente del Gobierno". Cardenal también fue criticado por ordenar al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, no investigar al ministro Piqué sin su permiso, medida que la UPF criticó duramente.