ANÁLISIS DE ESPAÑA
Los riesgos de la 'Ley Fernández'
Por Alejandro Requeijo
2 min
España25-11-2013
En España no ha habido estallido social. Su llegada fue más un titular de prensa que una realidad en la calle. Al menos hasta ahora. Al menos mientras aguanten las familias o la pensión del abuelo. Ha habido protestas, muchas, claro que sí. Pero no ha habido ninguna primavera que haya puesto en jaque al sistema. Las famosas convocatorias a rodear el Congreso apenas convocaban centenares de personas. Para Madrid eso es insignificante. Los disturbios generados distan mucho de las imágenes que llegaban desde Atenas o El Cairo. Eso era lo que se temía y en España no ha pasado. En este sentido, los planes del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para endurecer las conductas de Seguridad Ciudadana se antojan desproporcionadas. Las sanciones económicas son las mismas. Lo que endurece el Gobierno son las razones para ser multado: hasta 600.000 euros por manifestarse ante el Congreso sin permiso o hasta 30.000 por insultar gravemente a un policía. Si la Ley finalmente sale adelante en los términos avanzados tendrá cosas interesantes como la obligación de que los padres paguen los destrozos que ocasionen sus hijos menores. Aquello supuso un antes y un después en la lucha contra la 'kale borroka' en Euskadi. Pero la Ley tendrá un problema fundamental y es que deja demasiados aspectos al criterio y la interpretación del policía. El sentido común (los policías lo tienen) invita a pensar que a nadie le van a caer 100 millones de las antiguas pesetas -una hipoteca de las gordas- por ir a una manifestación ante el Congreso. En sus alrededores se concentran al año decenas de colectivos, en su inmensa mayoría de carácter pacífico. Gente que no quiere emular a Tejero, sino que le oigan los políticos. Gritarles a la cara. Va en su sueldo. Pero si un policía te pide el DNI en ese momento, con esta Ley serás candidato a esa multa. El sentido común dice que tampoco nadie será multado con 5 millones de las antiguas pesetas por insultar a un agente, pues en ese caso te sale más rentable agredirle y que te condenen por la vía penal. Pero el sentido común en personas concretas o en situaciones de tensión puede desaparecer. Y esta Ley abre la puerta a situaciones muy desproporcionadas. Conviene acotar y definir mejor los motivos de las sanciones porque la última palabra de estas multas la seguirá teniendo un juez. En la historia de las protestas callejeras de los últimos dos años la Policía ha chocado una y otra vez con los jueces que no terminaban de ver delito tras las detenciones, ni siquiera en los escraches. En definitiva, era una Ley inevitable o incluso necesaria, pero que hace falta matizar para que los ciudadanos no estén a merced de la arbitrariedad. Al albur de las instrucciones que pueda recibir un policía en cada momento determinado en función de la temperatura que a los de arriba les convenga tener en la calle. ¿Sabrá el Gobierno algo que el resto no sabemos por lo que le interese blindarse ante futuras protestas en la calle?
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Alejandro Requeijo
Licenciado en Periodismo
Escribo en LaSemana.es desde 2003
Redactor de El Español
Especialista en Seguridad y Terrorismo
He trabajado en Europa Press, EFE y Somos Radio